Parecería que la gestión está viviendo gracias a respiradores bastante truchos. Un respirador son las delirantes declaraciones del candidato y sus seguidores de la alianza Cremos, despotricando contra los viejos politiqueros, mientras se alía con lo más icónico de aquellos y asume actitudes similares a las que estos adoptaron en el pasado. Ante su propio descalabro proselitista, piden anular el proceso electoral y convocar a uno nuevo.

Otro, una serie de personalidades que, probablemente con buenas intenciones, creen que tanto ha cambiado el país con la pandemia y actual gestión de gobierno, que se suman al pedido de anular el proceso electoral en curso y volver a fojas cero. Cabe hacer notar que de los que algo conozco, ninguno es candidato en la actualidad.

Los culipandeos del MAS son otro respirador de la actual gestión de gobierno, porque le ayudan, por un lado, a mantener en la percepción ciudadana el peligro que significa ese partido para la pacífica convivencia social en el país y, por el otro, porque en la medida en que las decisiones que toman sus dirigentes siguen dependiendo de la voluntad egocéntrica del expresidente fugado, seguirán dando los manotazos al aire que, más temprano que tarde, les afectarán a ellos mismos, como ha sucedido con el tema de la pandemia del coronavirus que, inicialmente, la calificaron como un invento de la derecha y hoy sus bases sociales más importante están sufriendo las consecuencias de esa actitud.

Por otro lado, las clases medias, aprovechando las redes sociales, disparando tiros al azar y en forma cada vez más agresiva, dan muestras de una peligrosa tendencia al autoritarismo, tendencia que en nuestra historia siempre ha desembocado en dictaduras que no sólo no solucionan nada, sino que agravan todo. Esta actitud, que algunos operadores del actual Gobierno ven con satisfacción, también puede revertirse fácilmente en su contra.

En algunos de esos sectores y partidos se está llegando a tales niveles de irracionalidad que la actuación del Tribunal Supremo Electoral, en el marco de sus atribuciones y obligaciones, genera rechazo. Al colmo, el trabajo de filigrana que los vocales han realizado al establecer un acuerdo para que las elecciones se realicen en septiembre y en función de la evolución del coronavirus, también ha sido rechazado, incluso por algunos dirigentes de los partidos que lo suscribieron. Así, por intereses por lo general poco legítimos, se está olvidando que la democracia exige elecciones para legitimar el poder.

Pero todos esos respiradores no alcanzan y el Gobierno recurre a medidas cada vez menos convincentes. La anulación de tres ministerios (cuyas funciones pasan a otras carteras) y dos embajadas (Nicaragua e Irán) aparece como una decisión meramente propagandística pues parecería dirigida a amortiguar la reacción crítica que ha provocado la actitud de algunas autoridades ante la denuncia de irregularidades en la compra de gases lacrimógenos. Así, en vez de que las autoridades involucradas expliquen que se procedió con pulcritud, optaron por arremeter coercitivamente contra el periodista que hizo la denuncia.

Con ello, no sólo han aumentado las susceptibilidades, sino se confirmado la sensación de que en muchos de los operadores gubernamentales prevalece una actitud innecesariamente represiva, poco proclive a cumplir las normas. En el caso que se comenta, las autoridades tenían dos instrumentos para enfrentar la denuncia: la Ley de Imprenta o el Tribunal Nacional de Ética Periodística.

No se trata de pedir algo imposible, sino que se comprenda que la principal base de sustentación del actual Gobierno era que la presidenta del Estado cumpla las dos misiones centrales que se le dio en noviembre del año pasado: apaciguar al país y convocar a nuevas elecciones generales. La decisión de que ella se convierta en candidata rompió la confianza en ese pacto, es decir perdió el norte de su gestión… y por su bien y el del propio país (aunque no de su entorno), convendría que lo recupere ¡ya!