En mi anterior artículo ponía de relieve el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas. Este modelo debe replicarse en Bolivia, ante la incapacidad del Estado para mitigar el elevado nivel de propagación del virus de la corrupción y terminar con la impunidad existente. El apoyo internacional parece imprescindible para salvar al Estado, ya que sus propias instituciones han sido infiltradas por la corrupción. En realidad, lo único institucionalizado y transversal a todas las reparticiones estatales es la corrupción, la impunidad y la sensación de que todo fue dejado en estado de descomposición.

El gobierno de Evo Morales creó una estructura que sigue (y seguirá) funcionando para protegerse y boicotear cualquier intento de investigar y sancionar actos de corrupción. En el Estado fallido, hacía de juez y parte y no solo permitía y promovía la corrupción, el despilfarro de los recursos de los bolivianos, controlaba los medios de comunicación, restringía la libertad de expresión y la transparencia, sino que, además, exprimía, vía persecución impositiva, a aquellos cuya conducta estaba apegada a la ley.

Evo Morales tenía angurria de poder, vocación monopólica y centralizaba la compra de bienes y servicios, y sabía que mientras más negocios públicos se emprendían, existían más posibilidades de beneficiarse con las comisiones. Esta cultura permisiva tiene efectos perversos y ha convertido a la corrupción en un mal endémico, de modo que la mayor parte de la organización del Estado estaba (directa o indirectamente) al servicio de las prácticas corruptas.

La Asamblea Legislativa, convertida en un apéndice del ejecutivo, no sólo que no fiscalizaba ni controlaba al Gobierno, sino que protegía a los ministros del régimen del MAS corruptos, eran sacados en hombros, y recibidos con guirnaldas en la plaza Murillo después de las interpelaciones. El anterior Tribunal Supremo Electoral no solo se encargaba de “legalizar” las reelecciones inconstitucionales de Evo Morales y Álvaro García Linera, sino que además era la maquinaria perfecta para el fraude electoral, y con testigos excepcionales (los veedores internacionales).

El poder judicial no solo ha condenado a inocentes y protegido a delincuentes. También había (y hay) un verdadero mercado (con tarifas conocidas) de compra-venta de resoluciones y cargos judiciales. Fue el instrumento perfecto del Gobierno de Evo Morales para sus reelecciones y cometer los peores abusos (casos Terrorismo, Chaparina, la Calancha, Leopoldo Fernández, etc.).

Sin embargo, la corrupción heredada no solo se encuentra infiltrada en el gobierno central, sino también en los gobiernos subnacionales: gobernaciones, alcaldías, y también en las universidades (lo demuestra la cantidad de títulos falsos que circulan, como el del exvicepresidente Álvaro García Linera), y las empresas privadas que prestan servicios públicos (casos Cotas, en Santa Cruz, y Cotel, en La Paz). El funcionamiento de las instituciones satélites constituye un reflejo del Estado, de modo que no pueden funcionar bien, cuando el Estado funciona mal.

La situación es preocupante porque la Contraloría, la Fiscalía ni el propio Poder Judicial dan señales concretas de interesarse en perseguir y sancionar a los corruptos y los pocos casos que han comenzado, como el del megafraude electoral, no avanza ni se conoce el rumbo que ha tomado. Sin embargo, una de las pocas autoridades que marca la diferencia y parece decidida a luchar contra este flagelo es el procurador general, José María Cabrera, que libra una batalla solitaria en contra de esta otra pandemia.

La peor herencia que deja Evo Morales es la desintitucionalización del Estado, y una estructura criminal que continúa funcionando y, por tanto, aparecerán nuevos casos y escándalos “caiga, quien caiga”. La inversión de valores, el culto al dinero fácil, la ley del menor esfuerzo, en fin…

La lucha contra la corrupción y la impunidad necesita de una firme voluntad política, compromiso ciudadano, predicar con el ejemplo, el fortalecimiento institucional del sistema judicial, separación de poderes, libertad de expresión, transparencia, funcionarios honestos, además de otros elementos. La corrupción es un monstruo de mil cabezas que no para de reproducirse y hacer metástasis en el Estado boliviano.