Inevitable, porque en la idea que ha forjado Leyes del ejercicio de las funciones para las que fue elegido hace cinco años, prevalece la incertidumbre. Incertidumbre y duda acerca de sus actos y la seriedad de sus anuncios.

Esa carencia de credibilidad deriva de las frecuentes y numerosas denuncias que lo han llevado a enfrentar una serie de procesos judiciales, cuando aquellas prosperaron lo suficiente.

El descalabro de la confianza de la que gozaba el Alcalde electo en 2015, con poco más del 56% de los votos, comenzó a los seis meses de asumir esas funciones, con el caso de  la aprobación de un permiso para construir un centro comercial que invadía un área verde. Como esa, una parte de todas las denuncias contra Leyes se fueron perdiendo de la atención pública hasta que, en abril de 2018, estalló el escándalo de la compra de decenas de miles de mochilas para escolares más de tres meses antes de que se emitiera la convocatoria pública de rigor para esa adquisición.

Aquello desató una seguidilla de juicios e investigaciones penales por varios delitos: sobreprecios en adquisiciones, entrega simulada de vehículos a la Policía, designación ilegal de funcionarios municipales, malversación de fondos, legitimación de ganancias ilícitas, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, estafa a un particular. La lista es extensa. Y las denuncias en su contra no cesaron: la penúltima por un contrato de casi medio millón de bolivianos firmado rápidamente, con irregularidades. La última tiene apenas unos días y es por las construcciones que se ejecutan en el Parque Nacional Tunari.

Sus dos antecesores tampoco fueron un ejemplo de buena gestión municipal y varias de las obras que ejecutaron son cuestionables, cuestionadas y, en algunos casos, jamás se concluyeron o se vinieron abajo.

Leyes ejerció las funciones de alcalde sólo dos tercios del tiempo de su mandato, el resto, estuvo suspendido. Pero fue suficiente para formar la imagen de autoridad edil afligida por varios procesos y recurrentes coincidencias entre problemas, o amenazas graves, de salud y circunstancias judiciales críticas.

Sin embargo, recordemos que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y es el rol de los tribunales juzgar y sentenciar a los procesados.