Era obvio que mantener esa fecha, establecida por la mayoría masista en el Congreso, era inviable, porque se consideraba muy cercana a la etapa de contagios por el coronavirus que se experimenta actualmente.

El TSE se reunió en tres oportunidades con las diferentes fuerzas políticas del país, según fuentes del organismo electoral consultadas, para lograr el acuerdo. El actor más importante, en ese sentido, era el MAS, ya que con sus dos tercios en el Legislativo tiene la llave para abrir o cerrar cualquier decisión legislativa. Ese fue, según las fuentes, el hueso más duro de roer.

El TSE asumió el diálogo con el apoyo de delegados de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica, que fueron quienes finalmente pudieron convencer a Evo Morales para que accediera a una nueva fecha.

Las conversaciones lograron el apoyo de todas las candidaturas, aunque posteriormente algunas de ellas se desmarcaron. El caso más obvio es el de la alianza oficialista Juntos, que un día antes del acuerdo (cuando ya lo había conocido y aceptado) emitió un comunicado demandando al TSE “que defina de una vez por todas una fecha para las siguientes elecciones presidenciales. La fecha que sea determinada por el TSE será acatada democráticamente por nuestra alianza”.

Pero siguiendo con sus contradicciones, esa alianza, una vez que el TSE hizo preciosamente eso, es decir fijar una fecha, dijo que no existía un acuerdo con los partidos y que, pese a todo, se sometería a la decisión del TSE.

Creemos, del candidato Luis Fernando Camacho, ha ido más lejos y ha solicitado que todo el proceso sea suspendido y empiece de cero. O sea que las elecciones, en ese caso, se realizarían el próximo año. Eso es inviable, no puede el país mantenerse sin un gobierno elegido popularmente.

Y, en medio de ese juego de luces y sombras en el que los políticos son expertos, Morales emitió un mensaje de Twitter antes de que se hiciera público el acuerdo alcanzado y dijo que apoyaba la postergación de los comicios, como para hacer creer que fue él quien promovió la idea.

Que se haya fijado un nuevo plazo para realizar las elecciones es positivo porque así se ahuyentan los rumores de que el oficialismo deseaba prorrogarse en el poder y se dan los pasos para que el país tenga en breve un gobierno legítimo, surgido de las urnas y ojalá con una alianza que le permita gozar de mayoría parlamentaria. Un régimen “transitorio” como el actual no puede ser “indefinido”, ese es un fenómeno ilógico.

La nueva fecha, el 6 de septiembre, es indudablemente mejor que la errada propuesta de acudir a las urnas el 2 de agosto. En eso no hay discusión. Pero sigue causando dudas sobre si a esas alturas del año millones de votantes podrán acudir a votar sin temor a causar más contagios. En ese sentido, si la crisis de salud persiste hasta mediados de agosto, algo que podría perfectamente suceder, entonces nuevamente la fecha del 6 de septiembre se vuelve inviable y quizás  el TSE se vea obligado a generar un nuevo acuerdo, para entonces más difícil de lograr.

Ya que se negoció, aunque admitimos la dificultad de ello, una nueva fecha, ¿no era mejor que el TSE hubiera pedido un plazo más largo y atribuirse el derecho de fijar el día final?

Esperemos que nada de eso ocurra, que la emergencia de salud haya amainado para agosto y que podamos tener elecciones, bien organizadas y seguras, el primer domingo de septiembre.