Analicemos el contexto sanitario, jurídico y político de la concertación.

En este cometido, recordemos inicialmente que el primer proyecto de ley, enviado por el TSE al Parlamento, el ya lejano 27 de marzo, fijaba entre el 7 de junio y el 6 de septiembre el intervalo de tiempo para la realización de las elecciones nacionales; previsión achicada por la ALP hasta principios del mes de agosto. De manera que el TSE sólo consiguió, o se limitó, a ratificar su fecha tope de septiembre.

Contexto sanitario. El 30 de marzo, cuando el TSE remitió el primer proyecto de ley, existían en el país menos de 103 personas infectadas por el coronavirus, de los cuales 55 eran de Santa Cruz, Cochabamba tenía 20, La Paz 14 y Beni ninguno. ¿Cuál la situación hoy?: 10.991 enfermos en total. De ese total,  acumulando Santa Cruz 7.235 contagiados y 184 fallecidos; La Paz con 614 víctimas y 32 decesos; Cochabamba, en peligroso ascenso, suma 786 enfermos y 39 muertos; ni que se diga del golpe al Beni: 1.965 infectados con el Covid-19, además de 98 personas que perdieron la vida.

Los datos de la comparación de ambos momentos son suficientes para alarmar a cualquier observador, pero al parecer no conmovió al TSE, cuyos vocales se limitaron a ratificar la fecha tope que identificaron el mes de marzo (6 de septiembre).

Contexto jurídico. Vamos a dejar de lado aquí la renuncia voluntaria que hace el Órgano Electoral de sus poderes y atribuciones al solicitarle a la ALP que le despeje el camino para hacer lo que puede hacer por sí mismo: convocar, organizar, ajustar, modificar los procesos electorales.

La concertación entraña algo bastante más grave que ese incumplimiento de obligaciones: la negativa a reabrir el Padrón Electoral determinará que decenas de miles de jóvenes (cerca de 100.000, dicen algunos) llegados a la mayoría de edad hasta el día de las elecciones no podrán ejercer su derecho a votar, y algunos cientos, quizás miles, de otras personas que por cambio de domicilio no podrán actualizar su registro. Desde esta óptica, lo que ha conseguido el TSE es un “extraordinario” acuerdo con los actores políticos –quizás único– para violar derechos políticos de esas decenas de miles de personas.

Contexto político. En este campo, merecen atención dos componentes destacables: por un lado, está claro que la columna vertebral del acuerdo político se dio entre el MAS, Comunidad Ciudadana y el TSE, dado que Juntos y Creemos hicieron público su desacuerdo con la “concertación” articulada por el Órgano Electoral, además de la pasividad, cuando no ambivalencia, de los otros candidatos. Y por otro lado, resulta incontrovertible la afirmación de que el escenario político de hoy registra marcados y profundos cambios respecto a la coyuntura de fines del mes de marzo, tanto en lo que hace al estado de ánimo del cuerpo electoral, cuanto a la situación de las organizaciones políticas. Y no obstante, el TSE se empecina en aplicar la preclusión en el calendario electoral, lo que, cuando menos, resulta harto discutible en la historia electoral y en la cultura jurídica bolivianas.

Conclusión: el análisis del contexto sanitario, jurídico y político permite hacer una afirmación categórica: la “concertación” articulada por el TSE arroja más dudas que certezas y, vistas bien las cosas, no muestra al país un sendero de soluciones viables. A manera de ejemplo, van a continuación algunas de las interrogantes que rondan hoy a la población:

Aprobada la nueva ley ¿qué pasaría si entre fines de julio y mediados de agosto las estadísticas muestran –lo que es probable– alrededor de 70.000 contagiados y más de 3.000 muertos por Covid-19?, ¿nueva concertación para salir del embrollo? ¿No era mejor que el TSE resuelva los problemas ejerciendo por sí mismo sus competencias y atribuciones?

¿La innegable coincidencia entre el MAS y CC –sustento del acuerdo– estará anunciando convergencias de mayor aliento entre estas dos fuerzas políticas? Y a la inversa, ¿estará sucediendo o sucederá algo semejante entre Juntos y Creemos?