Con un mensaje duro contra el Gobierno, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, renunció a sus funciones este jueves y denunció que fue obligado a tomar esa decisión por el “hostigamiento”, “persecución” y “amenazas” constantes en su contra.

“Ni (el exministro Juan Ramón) Quintana tuvo la cobardía” de hacerme lo que me hicieron, dijo la autoridad al referirse a su detención el mismo 27 de mayo, cuando sus hijos se aprestaban a celebrar el Día de la Madre.

“Quedé totalmente sorprendido al ver que más de una decena de personas se encontraban en mi casa, con la decisión de allanar mi hogar y detenerme. Mis hijos, que todavía son chicos, quedaron nuevamente aterrados, pero esta vez fue peor: invadían su hogar, el único lugar donde se sentían seguros”, cuestionó muy emocionado en conferencia de prensa.

“He visto a mi esposa de rodillas noches enteras, a mi madre quedar ciega, a mis hijos quedar paralizados de susto; mi hermana también ha sido perseguida… y ahora, último, puesta bajo amenazas, de que si no dejo la Alcaldía ellos sufrirán las consecuencias”, reclamó Leyes.

Hace una semana, en una conversación con periodistas, había reclamado con lágrimas por la situación del Alcalde. “Déjennos en paz, si él tiene que dejar la política, lo va a hacer”, arengó.

Casos

Luego de los casos Mochilas I, II y III, por la presunta irregular y con sobreprecio de 92.000 mochilas escolares para los niños de su municipio, la autoridad es investigada por un contrato supuestamente irregular para la provisión de alimentos para policías y militares desplegados en las calles para el resguardo de la cuarentena.

Luego de dos días en celdas judiciales y policiales, el juez Richard Rodríguez había dispuesto el 28 de mayo detención preventiva para Leyes, quien tramitaba en los últimos días el retorno a sus laborales de alcalde.

“Bajo esta situación, me es imposible continuar al mando del municipio, por ello he tomado la decisión de dejar la Alcaldía de Cochabamba”, afirmó.

“Todo esto por la ambición del dinero y el poder de algunos, Sinceramente, pensé que todos estos males se quedarían con el gobierno que se fue, pero no es así. La persecución, ambición y abusos continúan igual o peor”, dijo.

Gobierno

En las últimas semanas, el alcalde había apuntado de esas acciones al ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Incluso, el día de su última detención, Leyes dijo que “esto viene por orden de Murillo”.

En el último caso, la autoridad fue denunciada por los concejales Edwin Jiménez, del Frente Único; Celima Torrico, del Movimiento al Socialismo (MAS), y Carlos Coca, de Demócratas, por la contratación de la empresa Bunker Grills para la provisión de comida para policías y militares. Según la denuncia, la proveedora no contaba con el Registro Único para Proveedores del Estado (RUPE).

El 27 de abril, un grupo de policías denunció que recibieron esos alimentos en mal estado. La denuncia llegó al despacho del ministro Murillo, quien, a su vez, exigió la fiscalización de parte de los concejales. Incluso en un acto público, la autoridad cuestionó que se robe en plena cuarentena.

Ahora es procesado por presunto incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.

Además, el mismo día en que el juez Rodríguez emitió la orden de su detención domiciliaria, el 28 de mayo, fue aprehendido por un nuevo caso, el de la portación ilegal de armas, que todavía es investigado por el Ministerio Público. (04/06/2020)