Cuando los bolivianos fuimos a votar, el 29 de marzo de 2015, fue para elegir autoridades que debían durar cinco años en sus cargos. Ninguno se imaginaba siquiera que aquellas personas que ofrecían el cielo y la tierra a cambio de nuestro voto se quedarían más tiempo del previsto.

Pero así estamos.

A partir del 22 de enero de 2020, las autoridades elegidas como senadoras, senadores, diputadas, diputados y asambleístas supranacionales han perdido su legitimidad porque terminó su mandato constitucional y popular de cinco años. Una ley amplió su mandato -y, por tanto, lo hizo legal- pero no les da legitimidad. Desde entonces, ejercen los cargos más allá de lo que ordenó el voto.

A partir del 1 de junio de 2020, las autoridades elegidas como gobernadoras, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldesas, alcaldes, concejalas y concejales han perdido su legitimidad porque terminó su mandato constitucional y popular de cinco años. Una ley amplió su mandato y? el resto ya lo saben.

Lo que pasa es que no tenemos que seguir explicando, usando chuis y garbanzos, algo que está a ojos de toda la población: estas ciudadanas y ciudadanos ha cumplido su mandato y punto.

A la hora de las evaluaciones, encontraremos que se la pasaron peleando durante los cinco años, por sus intereses políticos y personales y sólo se pusieron de acuerdo cuando un arreglo les beneficiaba directamente. Así, hubo legisladores regionales que pusieron de lado sus diferencias para subirse los sueldos y lo hicieron. En la Asamblea Legislativa Plurinacional -nombre largo para referirse al congreso-, añistas y masistas dejaron de pelear para aprobar, por unanimidad, la prórroga de mandato.

Y aquí tenemos a estas señoras y señores, chochos y orondos, con la legitimidad perdida pero cobrando los mismos miles de Bolivianos que hace cinco años.

Pero hay una diferencia entre este 2020 en relación a 2014 y 2015: tenemos una pandemia y, por esa pandemia, la gente tuvo que encerrarse en sus casas y dejar de ganar. Ergo, no tiene dinero, mientras las autoridades electas, esos buenos para nada, siguen ganando miles sin prácticamente hacer nada.

No voy a plantear que se vayan, porque eso provocaría un vacío de poder, pero, eso sí: aunque se queden otros cinco años, deben dejar de ganar, porque ya no son nuestras autoridades electas.