Las actitudes hostiles y aún violentas, realmente no preocupan a los que integran la actual mayoría en la Asamblea Legislativa; más bien las alientan. Poner obstáculos, por sectarismo y majadería, constituye una conducta opositora censurable. Esto sucede, por ejemplo, con los parlamentarios de esa mayoría que no aprueban y postergan la consideración de iniciativas del Ejecutivo, como la urgente necesidad de elevar la asignación al sector de la salud al 10% del presupuesto general de la Nación y, ahora, dejar sin fecha, el cumplimiento del mandato constitucional de considerar los ascensos de los jefes militares.
Todo esto comenzó con una actitud democrática –pocas veces vista– del nuevo gobierno surgido tras la renuncia del ahora fugitivo expresidente: se permitió la continuidad de funciones de la Asamblea Legislativa que debió cesar en enero, pese a que, además, es también fruto del fraude electoral –un Padrón Electoral contaminado– y de una ley inconstitucional que concede a ciertos sectores, con menos habitantes y votos, la elección de más candidatos, sobre otros mayoritarios. Y pensar que la presidente del Senado, recientemente pidió respeto a los que fueron “electos por el pueblo”. Vaya pretensión de que se acepte su origen fraudulento.
Es tan sectaria la actitud de la actual mayoría legislativa, que alienta –en el mejor de los casos deliberadamente ignora– los violentos bloqueos de sus conmilitones, como el que impidió que lleguen al Beni los implementos médicos para luchar contra la pandemia del coronavirus. Esta conducta es delictuosa por lo atentatoria contra la salud y la vida de los ciudadanos de un departamento. Mientras tanto, grupos de orientación populista, aleccionados por sus líderes, continúan bloqueando, y así se pretende ignorar que la oposición, para ser considerada democrática, no se basa en la violencia.
El monopolio de la fuerza es del Estado. Y, en las circunstancias críticas que vive Bolivia, corresponde que esa fuerza no solo se la emplee para restaurar la democracia, sino también para preservarla de quienes, mediante la violencia, buscan retornar al poder para continuar con la conocida acción depredadora del gobierno que fue abandonado por renuncia de su líder, ahora refugiado en el exterior.
