Aunque no le guste a mucha gente, el acuerdo se pudo hacer una vez que el MAS, y su jefe Evo Morales, estuvieron convencidos de la necesidad de mover la fecha. Cuando un partido de la oposición tiene dos tercios de votos, y el oficialismo solo controla el tercio restante, la diferencia de poder de fuego es muy grande. El MAS ha debido calcular, también, que no ceder hubiera sido un error grave.

El TSE entretejió el acuerdo con dificultad, lidiando con las personalidades fuertes y los egos de los diferentes candidatos que, además, comprensiblemente, actúan bajo cálculo político. Para el gobierno, por ejemplo, que está en caída debido a sus propios errores y las dificultades externas que ha tenido que enfrentar, hubiera sido ideal posponer las elecciones hasta el próximo año. Un plazo mayor, pensaban sus máximos representantes, haría olvidar los varios y serios gafes que han manchado su corta gestión.

Lo mismo para Luis Fernando Camacho. Propone ahora que como condición para la realización de las elecciones se reabra todo el proceso electoral para permitir, entre otras cosas, el registro de los que acaban de cumplir la mayoría de edad y para cambiar el sistema de distribución de escaños uninominales. Bueno, eso no sucederá, por lo menos en el corto plazo, así que exigirlo sólo es una manera de bloquear la elección indefinidamente.

Por lo visto, Comunidad Ciudadana y el MAS tienen más confianza en sus propias posibilidades. Al final, la polarización entre dos candidaturas parece que será la que se registre entre esas dos fuerzas, si se cree como válida la hipótesis del desmoronamiento del oficialismo.

Todo ello dio como efecto ese “humo blanco” del que hablamos. ¿O fue, en realidad un “humo gris”? Como no se puede saber cuál será la situación de la emergencia sanitaria en agosto, es decir un mes antes de las elecciones, no se puede estar seguro de si el 6 de septiembre es una fecha adecuada. Probablemente sí, ojalá. ¿Y si no? El TSE debe considerar ello con seriedad.

Como nadie puede garantizar nada sobre el desarrollo de la pandemia en el país, la idea del analista Franklin Pareja es pertinente: en el proyecto de ley que envíe el organismo electoral al Legislativo debería incluirse un artículo en ese sentido: si un mes antes de los comicios la emergencia no ha cedido, entonces la sala plena de esa entidad tendrá derecho de decidir una fecha posterior, ya sin la necesidad de otro trabajoso arreglo político ni una nueva ley. La salvaguarda podría ser que las elecciones se realicen, de todos modos, este año.

En este debate nuevamente el gran ausente fue el gobierno, que sigue sin entender que debe entenderse con sus rivales. Para empezar, con Comunidad Ciudadana, su más claro adversario electoral. Y con el MAS, una fuerza con la que debe relacionarse por tres razones: uno, mantiene fuerte apoyo popular; dos, domina el Legislativo; tres, puede convulsionar la calle. 

Pero el frente Juntos, en el aspecto de definir los plazos electorales, termina siendo como una hoja al viento: no dice qué quiere, cómo quiere y cuándo quiere. Ya antes, en la primera postergación de las elecciones, no ingresó en ese terreno y el MAS aprobó la ley, tranquilamente, para realizarlas el 2 de agosto. Y ahora, otra vez. ¿No podría alguien del Ejecutivo decir qué es lo que desean en vez de repetir solamente “queremos proteger la salud”? En ese y otros aspectos, al dejarle la cancha al MAS y Comunidad Ciudadana, el oficialismo se autoexcluye del debate de los temas más trascendentes.