CRISIS POLÍTICA: 10 de noviembre de 2019 a 10 de marzo de 2020

Determinada por una sociedad polarizada que, como un golpe de placas tectónicas, chocan en el objetivo de sostener o buscar su hegemonía en la tutela y control del Estado: un grupo social de clase media/urbano y elitario que desplaza al grupo popular periurbano, corporativo e indígena, originario y campesino. Un hecho que culmina con la sustitución del grupo elitario en forma abrupta y por la fuerza, con la presencia indirecta “disuasiva” de las fuerzas militares que aseguran la ruptura de la institucionalidad democrática boliviana. Expresa también el tiempo de la ofensiva política, plena y decisiva, en lo material, lo físico y de pensamiento del republicanismo sobre su antítesis política: la democracia popular, radical y participativa.

Esta fractura institucional, con carácter regresivo y restaurador al modelo de Estado noventista, buscó implementar de forma resuelta un referente sustitutivo del denominado proceso de cambio, que categorialmente se estructura como “el noviembrismo”, identificado por un accionar notorio: la referencia constante a una retórica de “libertad”, “recuperación de la democracia”, “regreso de las creencias religiosas católicas”, y el proceso de “pacificación”. Se reconoce también por establecer, estratégicamente, una constante discursiva de asociaciones negativas con referencias a: narcotráfico, corrupción, apropiaciones indebidas, abusos en el uso de bienes públicos o negligencia en la administración del Estado. Todo un conjunto de narraciones e identificaciones que por la vía de la insistencia permanente buscan validar un hecho: la sucesión constitucional cuestionada que, en la perspectiva académica, de forma técnica, se conceptualiza en las categorías de la Ciencia Política como un golpe de Estado.

La crisis política de noviembre generó una agenda inmediata de tareas coyunturales a ser cumplidas por el nuevo equipo de gobierno: reestructuración plena y total del Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Departamentales Electorales; convocatoria a nuevas elecciones; y, fundamentalmente, la pacificación del país. Se trabajó en lo primero; se convocó a elecciones; se dio inicio a la transición y se dejó —intencionalmente— sin atención el proceso de pacificación, buscando sustituirlo por una tenue tranquilidad social lograda sobre la acción e implementación de un Estado policial, que acciona persecuciones sobre dirigentes partidarios y sobrejudicializa de forma extrema a sus adversarios políticos.

CRISIS SANITARIA: 10 de marzo – 30 de abril

De forma impensada el 10 de marzo le llega al poder político la peste providencial. El COVID-19 da sus primeros positivos de contagio en el país y con ello se modifica la agenda de objetivos inmediatos del grupo de poder gubernamental, se busca la prórroga indefinida del mandato transitorio bajo el argumento de emergencia sanitaria; se intenta acreditar una reiterada eficiencia en la administración de la crisis del coronavirus (pocos contagios e índices bajos de letalidad) y se quiere encontrar en los procesos de aislamiento y cuarentena la oportunidad para aplicar el modelo de gobierno propio de la lógica de transición: restricción de los derechos ciudadanos interpelatorios y desmovilización social. Todo esto en la intención de retardar las elecciones, construir la venia de la sociedad a una lógica de imposiciones, que siendo eficiente en la contención de la pandemia termina con el miedo de una población desorientada ante el avance del enemigo invisible.

A este proyecto político se adiciona un elemento fundamental y aliado en la estrategia de resistencia al proceso electoral: el articular con los poderes subnacionales, esto es gobernaciones y municipios, una alianza que sistematice, desde la sociedad comunicacional y mediática, peticiones para posicionar la intención de diferir el tiempo electoral y prorrogar de hecho los mandatos de gobiernos municipales y departamentales vinculados al poder central.

CRISIS DE INSTITUCIONALIDAD: 30 de abril a la fecha

La noche del 30 de abril se aprueba la Ley 1297 de “Postergación de Elecciones Generales”. En su disposición más polémica se fijan 90 días para la realización de las justas electorales. Ante este escenario generado por iniciativa de la Asamblea Legislativa, la acometida contra el proceso electoral muestra cuatro acciones de respuesta: 1. Interponer recursos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para invalidar la legalidad de la promulgación y buscar la inconstitucionalidad del rango de fechas señaladas. 2. Incorporar en el debate nacional y en el imaginario colectivo la idea fuerza de que la pandemia del COVID-19 y su presencia extendida por el territorio nacional imposibilita el proceso eleccionario inmediato, e instalar una manifiesta disconformidad con la actual distribución de diputados uninominales, especiales y mapa de circunscripciones. 3. Que la Asamblea Legislativa Nacional deba cerrarse y concluir funciones. Tenebrosa intención esta que mira con complicidad a una cúpula militar que se muestra desafiante contra el primer Poder del Estado y, 4.

Una clara y decidida ofensiva para abolir la CPE pidiendo retornar a la Constitución de 1994. Este es un hecho de apuesta mayor, pues busca por esta vía desmontar la arquitectura jurídica de derechos constitucionalizados que imposibilitan la aplicación libre de la vieja lógica neoliberal, representacional y gubernamental del Estado noventista.

Momento difícil y catastrófico, donde una constelación de corrientes conservadoras expresan la implantación de lo impolítico, que no es otra cosa que la paralización de la representatividad democrática en la posibilidad electoral subyugada por la “contrademocracia”, es decir, los diversos contrapoderes de control y juicios no constitucionales que suplantan la democracia con el riesgo de hacerla desaparecer. Lo impolítico es reducir la política exclusivamente a lo fáctico y lo material, es consignar lo pragmático por sobre la pluralidad de ideas, valores y compromisos intelectuales y de pensamiento. Es resistir a la urgente conciliación de la libertad, la justicia y la democracia inclusiva instaurando un oscuro camino de desigualdad.