Morales y su partido. el MAS, cometieron prácticamente todos los delitos penales consignados en el artículo 238 del Régimen Electoral, con el agravante de que muchos de estos fueron inducidos o ejercitados por funcionarios públicos. Las pruebas están radicadas en la Fiscalía y en el Informe de la OEA. Asimismo, al estar informados de la comisión de estos delitos, el Art. 239° de la misma ley, obliga a las autoridades electorales a remitir los antecedentes al Ministerio Público para su juzgamiento, bajo responsabilidad.

Al “perdonar” y autorizar participar en las elecciones al MAS, el TSE “legaliza” el fraude y paradójicamente deslegitima su existencia como órgano responsable, al violar su propia ley constitutiva porque, como institución llamada a sancionar, no cumplió ni cumple su rol constitucional.

El TSE y, en consecuencia, el Fiscal General omiten su mandato y deber jurídico; al abstenerse de sancionar penalmente al MAS como partido, lo eximen de delitos punibles y lo absuelven de persecución penal futura, haciendo impracticable cualquier impugnación posterior.

La impunidad “regalada” al MAS, al no juzgar estos delitos tipificados, será objeto de responsabilidad personal de los miembros del TSE en la próxima legislatura.

La indulgencia obtenida del TSE ha envalentonado al MAS, a tal punto que es previsible la repetición del fraude, porque la estructura masista que lo perpetró no ha sido desmantelada. En muchos de los 291 municipios donde tiene hegemonía, pondrán en ejecución nuevamente su modus operandi, pues el TSE y los partidos en campaña son incapaces de desplazar personal y la logística necesaria para ejercer el control con delegados propios en las 35.000 mesas de todo el país. Los ciudadanos, impotentes, se resignan a que se reitere otra burla al voto.

Al despreciar la appellatio ad populum que clama una vindicación moral y jurídica, el resultado electoral fraudulento termina siendo ignorado por el propio TSE. Al no canalizarse por las vías institucionales la ofensa pública, las preguntas son: ¿Vivimos en un Estado de derecho? ¿Para qué sirve el TSE si admite y permite los delitos electorales?

El Gobierno, el TSE y el Fiscal General no alcanzan a explicar por qué no aplican el principio de legalidad y de oportunidad a un partido que ha hecho escarnio de la confianza pública. Creen no tener competencia, ¿es resultado de una negociación a espaldas del país, o es por temor? Nuestro sistema electoral, en lugar de ser garantista, excluye al ciudadano de una decisión jurídica y política que tendrá consecuencias funestas para la democracia.

La pulcritud del desenvolvimiento del TSE no se ejerce con discursos. No basta una presupuesta imparcialidad, idoneidad y prestigio de sus miembros, la credibilidad se demuestra con hechos si actúa como primer y último garante de la restitución del orden y justicia electoral.