Pero no solo eso, también solicitará a la Interpol la activación del sello rojo, que se utiliza para localizar y detener a personas buscadas con miras a un enjuiciamiento o para cumplir una condena. 

Como se conoce, el 20 de noviembre del año pasado, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó un video en el que se escucha a Morales hablando con el dirigente masista Faustino Yucra, que en ese entonces era prófugo por narcotráfico, pero que ya fue detenido, dándole instrucciones para que sostengan las protestas y bloqueos en el país. Pero, además, le ordena que mantengan los bloqueos para que “no entre comida a las ciudades”. Todas esas acciones, estaban destinadas aparentemente a dar “combate” al Gobierno de Áñez.

El polémico video fue censurado por políticos y ciudadanos de a pie que sufrieron con las protestas que derivaron tras las elecciones del 20 de octubre, que provocaron la renuncia y salida del expresidente del país, luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una auditoría al proceso electoral y determinó que hubo fraude.

Está claro que las leyes son para todos los bolivianos y deben ser aplicadas de forma estricta y sin tomar en cuenta a qué persona se tiene que juzgar. Es evidente que este tema que involucra a Morales, desde el primer momento también fue utilizado políticamente por quienes están en función de Gobierno. Sin embargo, lo que todos los ciudadanos esperan es que el Ministerio Público cumpla con su función y realice una investigación transparente y apegada a las normas.

Como era de esperarse, antes y ahora, los seguidores del exmandatario insisten en que la voz del video no es de Morales, sin embargo, se sabe que esa prueba, que está en manos de la Fiscalía, fue sometida a varios análisis técnicos realizados por profesionales bolivianos y colombianos.

Este caso apenas empieza, ya que Morales se encuentra en Argentina en calidad de refugiado político y, de seguro, las autoridades bolivianas tendrán que hacer una serie de gestiones, además de acudir a convenios internacionales para notificar y, en su caso, detenerlo y traerlo a Bolivia para que sea enjuiciado, tal como sucede con cualquier otro boliviano que está acusado de cometer un delito.