Eliana Uchani / Bolivia Digital

Con 21 votos a favor y 11 en contra, en una sesión reservada, la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, integrada en su mayoría por el Movimiento al Socialismo (MAS), destituyó al gobernador Zenón Pizarro. Mientras se coordinan las medidas de la cuarentena rígida que aún se mantendrá en esa región.

El presidente la Asamblea Departamental, Edson Oczachoque (MAS), ratificó la decisión que asumió esa instancia a partir de la resolución que emitió en noviembre, la que señala que Pizarro fue nombrado gobernador de ese departamento desde el 20 de noviembre hasta el 31 de mayo de la presente gestión tras la renuncia de Víctor Hugo Vásquez.

“Necesariamente se ha tenido que tocar este tema porque Zenón Pizarro es fruto de una designación. Se ha hecho un amplio análisis (…). Creo que las consultas son legales, es una democracia representativa y se ha hecho una consulta de ratificación o cambio y ha ganado el cambio», sostuvo el asambleísta en contacto con el matutino La Patria.

Pizarro fue elegido el 19 de noviembre de 2019 como gobernador interino del departamento, en reemplazo de Víctor Hugo Vásquez, quien presentó su «renuncia irrevocable» al cargo el 11 de noviembre del pasado año.

Razones

El asambleísta Saúl Sánchez argumentó que entre las razones para que Pizarro sea removido del cargo está la falta de coordinación con la Asamblea Legislativa y la falta de acciones controladas en el sector de la salud respecto a la contención del coronavirus.

Sin embargo, la autoridad departamental fue la primera en determinar una cuarentena rígida ante la presencia del primer caso de COVID-19 que se registra el 10 de marzo. Esas acciones permitieron que la curva de contagios se neutralice por al menos tres semanas, hasta que la desobediencia de algunos pobladores ocasionó los casos que se incrementaron de forma alarmante, por lo que se asumieron medidas más radicales.

Análisis

Al respecto, el experto en temas electorales Paul Antonio Coca señaló que se deben tomar en cuenta dos puntos: primero está el tema ético, si tienen la autoridad del departamento, los asambleístas deben dejar sus cargos porque también tienen el mandato de ellos.

A la vez, dijo que si bien la Asamblea Legislativa Departamental tiene la atribución de destituir al gobernador, se debe tomar en cuenta que existe la Ley 1270 de Prórroga de Mandato de Autoridades Nacionales y Subnacionales. Por tanto no se puede anteponer una resolución departamental bajo una norma de carácter nacional.

Uno de los riesgos que corren con la asignación de una nueva autoridad es que el Gobierno no lo reconozca, congele las cuentas y ocasione el retraso en la ejecución de obras o la dotación de insumos médicos a los hospitales que atienden a los pacientes con COVID -19.

«Hay que ver varios factores, si no hay un reconocimiento por parte del Ejecutivo hacia la nueva autoridad departamental, ello puede significar el congelamiento de las cuentas y no designar los recursos económicos que requieren para ejecutar varios proyectos», puntualizó.

En enero del presente año, la presidenta Jeanine Áñez promulgó la Ley 1270, que permite la prórroga del mandato de las autoridades nacionales y subnacionales hasta que se designen las nuevas autoridades electas en las urnas.

En El Alto

El presidente de una de las federaciones de juntas vecinales de El Alto, Fernando Condori, que es afín al partido azul, exigió al Concejo Municipal que elija a otra autoridad edil que sustituya a Soledad Chapetón porque fenece su mandato. Caso contrario asumirán medidas de presión y no descartan bloquear las principales vías de esa urbe.

El secretario de Gobernanza de la Alcaldía, Henry Contreras, restó importancia a las declaraciones del líder y anunció que continuarán trabajando en beneficio de la población, ya que están enfocados en detener el incremento de casos.

Al respecto, la Federación de Autoridades Municipales (FAM) de Bolivia recordó que en base a la Ley 1270 y 1269, el mandato de los alcaldes y concejales de todos los municipios aún está vigente.