Pablo Peralta M.  / La Paz

La primera corriente denuncia una supuesta desproporción entre el voto rural y  urbano, para favorecer al Movimiento Al Socialismo (MAS). La segunda sostiene  que se aplicó Gerrymandering, una práctica para manipular la delimitación de las circunscripciones con el mismo fin.  

Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia por Juntos, es quien lidera esta segunda corriente. El político declaró a Página Siete lo siguiente: “Gerrymandering es una técnica de alteración de la forma de votar y la forma de contar los votos que busca favorecer a un partido en desmedro de otros. Y eso indudablemente existe en nuestro sistema electoral”.

“Sabemos –agregó el líder de Unidad Nacional- que hubo una intencionalidad política en la definición de las circunscripciones, a veces burda, como cuando se juntó Achacachi con Apolo en una sola circunscripción. O cuando se incluyó poblaciones rurales numerosas en circunscripciones urbanas, como ocurre en Potosí”.  

Doria Medina considera que habría que hacer un estudio detallado para saber cuál es el porcentaje aproximado de las circunscripciones en las que se habría aplicado esa práctica. 

Voto “rural versus urbano” 

La corriente que postula la supuesta  desproporción entre el voto rural y el urbano está representada por la senadora Carmen Eva Gonzales y algunos intelectuales. Esta tendencia  sostiene  que la población rural tendría mayor representación en el Legislativo, en desmedro de quienes  habitan en las urbes. 

Precisamente, la senadora Gonzales interpuso una acción ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, con la que busca que se declare inconstitucional la Ley 421, puesta en vigencia el 7 de octubre de 2013, que distribuyó los escaños entre departamentos y estableció procedimientos para su “asignación”.  

“Lo que se pretende es lograr la abrogación de esta ley porque es contraria a la Constitución Política del Estado (CPE), debido a que no se está ejerciendo el derecho a la representación de manera igualitaria por los ciudadanos”, sostuvo Luis Ayllón, representante legal de Gonzales. 

El abogado aseguró que habría un “voto ponderado” en el sistema, que se expresa supuestamente en que un sufragio rural vale por tres urbanos. “De las 70 diputaciones uninominales (se suma siete especiales), tan solo 27 representan al área urbana, a las ciudades capitales, al área metropolitana, cuando en el censo la población en estas áreas representa el 70%”, expresó.  

 
Si bien se reconoce el caudal electoral que  tuvo el MAS -más de 60% en un momento dado-, se considera que la forma en cómo se delimitaron las circunscripciones respondió al objetivo que ese partido logre el control del Legislativo.    

“El MAS tenía una concepción autoritaria de la democracia. Quería asegurarse la mayoría absoluta y evitar que haya circulación y alternancia de representantes. De este modo, pensaban, estarían a salvo para aplicar sus políticas indefinidamente. Pero ciertamente se equivocaron”, manifestó Doria Medina. 

Ayllón sostuvo que la normativa relacionada con las circunscripciones fue redactada “a la medida” del MAS. “Con esa ley buscó tener el control de Órgano Legislativo”, afirmó. 

Desde el MAS, el 19 de mayo, quien fijó postura sobre el tema fue Sergio Choque, presidente de Diputados. Advirtió que, supuestamente,  se estaría “tratando de diezmar la votación que tiene el MAS” en provincias y en los sectores “más humildes”.

El rol del TSE  y el debate

Doria Medina considera que hay margen para una nueva delimitación de las circunscripciones de cara a los comicios  2020. “Por lo menos, el TSE debería abrirse a considerarlo, ya que no se trata de cambiar el número de escaños por departamento, lo que abriría una Caja de Pandora y no es obligatorio hasta que se haga un nuevo censo de población”, afirmó.  Para el político, el TSE debe   “asegurarse de que esas elecciones sean imparciales, lo que no está garantizado con la actual distribución de las circunscripciones”. 

En una reciente entrevista con Página Siete, Salvador Romero, presidente del TSE, sobre el tema de las circunscripciones afirmó: “La ley que fijó las reglas de los comicios de 2020, aprobada por unanimidad, definió que se mantengan las circunscripciones del año pasado”.

Waldo Albarracín, integrante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, considera que hay investigadores que rebatieron el argumento de la desproporcionalidad entre el voto rural y urbano, y que debe ser el TCP quien aclare este tema. 

“Analistas como Carlos Börth, Gonzalo Rojas Ortuste y otros investigadores, que realizaron un estudio riguroso sobre el tema, afirman y reafirman que no hay tal desproporción en la asignación de los curules, aunque del otro lado afirman que sí hay.  Está ahí todavía el debate”, indicó Albarracín, antes de señalar lo siguiente: “El TSE es el único que tiene atribuciones para fijar las fechas de elecciones e incluso para delimitar las circunscripciones. Eso está en la CPE”.  
 

Dos  flancos 

•  Desproporcionalidad    Una legisladora e intelectuales sostienen que hay desproporcionalidad en la representación de escaños en el Legislativo. 
• Argumento  Quienes son parte de esta corriente aseguran que un voto rural equivale a tres votos urbanos. La senadora Carmen Eva Gonzales interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 421. 
• Gerrymandering  Samuel Doria Medina, líder de UN, sostuvo que la delimitación que se hizo de las circunscripciones está relacionada con la  técnica  Gerrymandering, de manipulación electoral. El político considera que el TSE debe