El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé considera que es imprescindible comenzar a debatir una nueva Constitución Política del Estado (CPE). La exautoridad asegura que el texto actual no está labrado en piedra y que el mismo prevé mecanismos de cambio.
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La exautoridad considera que se debe debatir una nueva Constitución Política del Estado (CPE). Manifiesta que ese texto -con sus luces y sombras- no es honrado cuando se lo pone a prueba.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé considera que es imprescindible comenzar a debatir una nueva Constitución Política del Estado (CPE). La exautoridad asegura que el texto actual no está labrado en piedra y que el mismo prevé mecanismos de cambio.
En entrevista con Página Siete, Rodríguez Veltzé se refiere a las falencias que se deben ajustar de la CPE y expresa que el debate en torno a la Carta Magna debe ser parte del debate electoral.
El expresidente sostiene que los efectos de las crisis de la Chiquitania, las elecciones fallidas y la pandemia pusieron en evidencia que los bolivianos, independientemente de nuestras diferencias, “necesitamos grandes acuerdos”.
“La actual CPE -con sus luces y sombras- no es honrada cuando se la pone a prueba, hay que reflexionar por qué y cómo mejorarla”, asegura.
Rodríguez Veltzé considera que ese ejercicio no está reservado sólo a los candidatos o a una Asamblea Constituyente. “Es una potestad ciudadana que se activa precisamente en circunstancias como la que vivimos, en las que necesitamos afrontar con urgencia un futuro cargado de nuevos desafíos e incógnitas, con experiencias positivas y negativas, pero con la certeza de que hay que cambiar, es un momento verdaderamente constituyente”, agregó. ¿Por qué considera usted que es momento de comenzar a debatir una nueva Constitución Política del Estado cuando la actual tiene 11 años de vigencia?
Los efectos de las últimas crisis (Chiquitania, elecciones fallidas y pandemia) han puesto en evidencia que los bolivianos, independientemente de nuestras diferencias, necesitamos grandes acuerdos o pactos de convivencia con respeto, solidaridad y orientados al bien común, necesitamos un Estado cuya legitimidad no sólo responda al voto, también a la eficacia e imparcialidad de sus instituciones, necesitamos limitar el ejercicio del poder público y armonizar una participación política plural.
La actual CPE -con sus luces y sombras- no es honrada cuando se la pone a prueba, hay que reflexionar por qué y cómo mejorarla, ese ejercicio no está reservado sólo a los candidatos o a una Asamblea Constituyente, es una potestad ciudadana que se activa precisamente en circunstancias como la que vivimos, en las que necesitamos afrontar con urgencia un futuro cargado de nuevos desafíos e incógnitas, con experiencias positivas y negativas, pero con la certeza de que hay que cambiar, es un momento verdaderamente constituyente.
Usted dijo que “es imprescindible comenzar a debatir una nueva CPE” por las últimas crisis en Bolivia. ¿Eso quiere decir que la actual Constitución está mal elaborada?
El valor, durabilidad u obsolescencia de la CPE no radica sólo en el tiempo de su vigencia o la modalidad de su aprobación, más bien en el compromiso que genera entre los ciudadanos y sobre todo por quienes ejercen el poder público y están sometidos a ella. Sólo como referencia, un estudio sobre la vida de las constituciones nacionales de los países del mundo da cuenta que el promedio de vida de ellas es de 16 años.
La última Asamblea Constituyente fue un acontecimiento que surgió del poder constituyente ciudadano, que conformó una Asamblea a la que concurrieron el 80% de los votantes.
Su desempeño, sin embargo, dejó experiencias infortunadas, algunas violentas, que limitaron las deliberaciones y precipitaron la aprobación de un producto de acuerdos de última hora, con intervención foránea y presiones político partidarias que desmerecieron el valor constituyente.
Pese a ello, tuvo la aprobación del 61% de la votación en el referéndum. Hoy podemos tomar ventaja de las lecciones aprendidas en ese proceso y de la forma en la que la nueva CPE fue asimilada, honrada, ignorada o repudiada.
No está labrada en piedra, ella misma prevé mecanismos de cambio, para mejorar, preservar sus avances o modificar sus errores u omisiones. Si no se ajusta, la legislación secundaria y la práctica política arrastrarán los problemas que se han hecho patentes en la última década.
¿El debate sobre la construcción de una nueva CPE debe ser parte del debate electoral?
Por supuesto, el Estado renovará autoridades nacionales y subnacionales a través de un proceso al cual estamos obligados a concurrir. Sin embargo, y en lógica correspondencia, quienes pretendan conducir los órganos de poder público están también obligados a presentar una posición sobre el cimiento del orden democrático: la CPE, cuál es su entendimiento sobre el quebrantamiento u omisión de muchas de sus disposiciones durante las crisis y cuál es su propuesta o compromiso para mantenerla, hacer efectivo su cumplimiento, enmendarla o cambiarla frente al nuevo escenario nacional, regional y global.
¿Cuáles son las principales falencias que identifica en la actual Constitución?
Me refiero sólo a algunas: es necesario revisar los alcances y la distribución del ejercicio de poder público en los principales órganos. El modelo “presidencialista” del ejecutivo acumula atribuciones que restan eficacia al jefe de Estado y erosionan la responsabilidad de otras autoridades y su relación con otros órganos, el régimen de reelección y de sucesión presidencial deben precisarse.
El Órgano Legislativo puede ser más próximo, plural, reflexivo y eficiente en la legislación y activo en los controles y contrapesos esenciales en democracia.
La justicia requiere cirugía mayor para garantizar un servicio accesible, imparcial y predecible, con celeridad, un mecanismo de designación de jueces meritocrático no político ni electoral, pluralismo jurídico efectivo, con justicia de paz, política criminal, derecho administrativo y tributario más equitativo, legislación actualizada y modelo de justicia constitucional ajustado, con autorrestricción para no reemplazar la función legislativa o judicial. Orden territorial, régimen autonómico u otro equivalente más efectivo y pacto fiscal.
Sostenibilidad y transparencia en manejo público y privado de los recursos naturales. Fortalecimiento y complementación del régimen de derechos y obligaciones para garantizar su efectividad, incluyendo temas sensibles como libertad de expresión, opinión e información, Estado laico, discriminación, matrimonio de personas del mismo sexo, aborto, obligatoriedad de servicio civil comunitario en reemplazo del militar, alcances de la reivindicación marítima u otros.
Finalmente, los desafíos poscrisis de la pandemia son de tal magnitud, que la priorización e innovación normativa en los regímenes de salud, educación, empleo, pobreza, investigación científica, régimen económico para asumir y sostener las contingencias y emergencias exigen un orden normativo constitucional ajustado. Esto, por una Asamblea o a través de reformas parciales y no librarse a interpretaciones coyunturales del Tribunal Constitucional, cuya tarea no es legislativa.
¿Para corregir aquello no es suficiente una reforma?
Los bolivianos necesitamos un Estado más confiable, más efectivo, más equitativo y más práctico para asegurar nuestra convivencia, para resolver nuestras diferencias y afrontar el futuro con mayores certezas.
La Constitución no es la única fórmula para lograrlo, lo acabamos de comprobar, pero sigue siendo indispensable para ordenar el Estado, aun más si somos capaces de compartir sus postulados y cumplirla, ciudadanos y autoridades. Esta es la combinación inseparable que justifica su reforma.
Surgen algunas voces que reclaman la inclusión del denominativo “República de Bolivia”, como en las anteriores constituciones, en vez de Estado Plurinacional. ¿Qué opina al respecto?
Insisto en que lo importante es el diseño de los órganos y el ejercicio del poder público para la mejor convivencia entre el Estado y la sociedad, los denominativos son secundarios.
Algunos analistas políticos atribuyen su rechazo a la CPE como una respuesta implícita a su silencio cuando el anterior gobierno de Evo Morales no respetó el resultado del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016. ¿Qué dice al respecto?
No, yo asumí un criterio sobre el régimen de la reelección presidencial aun antes del referéndum de 2016 en una entrevista que me hizo Gonzalo Lema Vargas y que se publicó junto a otras en un libro. También me pronuncié públicamente en contra del fallo del Tribunal Constitucional que desmereció dicho referéndum significando la impertinencia de su razonamiento. Dialogué sobre estos aspectos con el presidente Morales y otros funcionarios de su gobierno, quienes respetaron mi postura.
