Eliana Uchani / Bolivia Digital

La Ley 1297 de postergación de las elecciones sumó otra acción de inconstitucionalidad abstracta. El diputado de Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) Erick Morón presentó una demanda al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), reclamando el derecho a la vida y el derecho de sufragio de 150 mil jóvenes que no podrán ejercer su derecho a sufragar en los próximos comimos presidenciales.

Morón explicó que de realizarse las elecciones retomando el calendario electoral sin tomar en cuenta reabrir la etapa del empadronamiento es atentar al derecho civil y político de ser elegidos y poder elegir de miles de jóvenes que cumplirían 18 años en este tiempo.

“El recurso va en dos sentidos: el primero, precautelar el derecho fundamental, que es la vida y la salud. El segundo aspecto, que es fundamental para la democracia boliviana, es la defensa de los derechos civiles y políticos de 150 mil jóvenes en Bolivia, que serán vulnerados en sus derechos constitucionales a elegir y ser elegidos, porque esta ley es inconstitucional”, manifestó el legislador.

Consideran que el Tribunal Constitucional debería declarar la inconstitucional de la Ley 1297, disponiendo al mismo tiempo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inicie un nuevo proceso electoral sin lesionar derechos constitucionales de los jóvenes para elegir y ser elegidos.

Medida cautelar 

Los demandantes solicitan al mismo tiempo que el TCP dicte como medida cautelar la prohibición al Órgano Electoral Plurinacional que se abstenga de señalar la fecha para el reinicio del calendario electoral en tanto y en cuanto no exista una decisión definitiva del TCP.

La acción fue presentada contra la presidenta del Senado, Eva Copa, al ser la autoridad legislativa que promulgó la ley ante las observaciones de la presidenta Jeanine Áñez, que fueron rechazadas por una sesión de Asamblea Legislativa, organizada sobre la marcha y sin cumplir los requisitos en término de plazos para su convocatoria.

El martes, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió una similar demanda presentada por el entonces senador Óscar Ortiz, en el que solicita la nulidad del artículo 2 de la ley que fija un plazo de 90 días a partir del 3 de mayo para la realización de las elecciones generales.

El memorial fue presentado el 5 de mayo y se pronunció 20 días después, cuando el Código Procesal Constitucional establece 10 días como plazo. De tres recursos presentados, solo uno fue admitido y los otros rechazados por falta de argumentación.