Afirma que es importante que el país vea en el Órgano Electoral Plurinacional, una entidad confiable que busca la verdad “caiga quien caiga”, y considera que es un imperativo recuperar el daño económico generado al Estado por el fraude electoral que atentó contra el derecho a decidir que tienen los bolivianos.

Para llegar al proceso electoral de octubre de 2019, los partidos fueron obligados a someterse a unas inéditas elecciones primarias para elegir a sus candidatos presidenciales, pero al final salieron designados en virtud de pactos, componendas o acuerdos políticos y no a través del ejercicio democrático.

Ese proceso preliminar de enero del año pasado costó casi 27 millones de bolivianos. Las elecciones generales de octubre demandaron 217 millones de bolivianos que resultaron inútiles, porque el resultado fue anulado debido al fraude informático durante el escrutinio a cargo del Tribunal Supremo Electoral.

Por este acto irregular, la mayor parte de los vocales electorales entre nacionales y departamentales se encuentra en distintas cárceles del país a la espera que avancen los procesos de investigación y que la justicia dicte una sentencia.

Recientemente el Procurador General del Estado José María Cabrera reveló que el TSE hasta ahora, durante seis meses, no se constituyó en parte denunciante conforme dispone la Ley 04 de Lucha Contra la Corrupción.

A raíz de la llegada del coronavirus país y en medio de la preparación electoral, el Tribunal suspendió actividades de cara a las elecciones previstas para el 3 de mayo.

El Tribunal espera retomar su agenda de trabajo pero sin comenzar de cero, sino dando continuidad a sus labores, aunque también espera una resolución del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la ley que obliga a llamar a elecciones hasta el mes de agosto.

Si el TSE solo retoma la agenda implica que los nuevos votantes habilitados no podrán sufragar cuando llame a comicios generales. La candidata presidencial pidió a Salvador Romero proceda al saneamiento del padrón electoral con la incorporación de los nuevos jóvenes en edad de votar.

“El no hacerlo sería vulnerar los derechos humanos y políticos protegidos por la Constitución Política del Estado y el Pacto de San José”, dice en su carta firmada también por el general retirado Remberto Siles, coordinador del proyecto que sustenta la candidatura bajo el lema “La patria primero”.