En un País presidencialista esa mala fe tiene límites importantes, que impiden que esas intenciones prosperen y sean decisivas, sin embargo las leyes que está aprobando, constituyen normas cuya afectación alcanza a la ciudadanía en general y en ese sentido obligan al análisis y deberían merecer el pronunciamiento de algunos sectores. Ya no se trata solamente de la censura arbitraria de un Ministro de Estado o de un papelón por la utilización presuntuosa de ropa de bioseguridad, cuando existe una permanente demanda de esa indumentaria en los servicios de salud, lo que preocupa es que mediante leyes de dudosa constitucionalidad, se pretendan afectar derechos fundamentales o que por cálculos políticos sean usurpadas funciones de otro Órgano del Estado. En ese sentido, condonar parte de las deudas por concepto de alquileres y modificar plazos y condiciones en los contratos de arrendamiento, implica vulnerar directamente el derecho de propiedad y la libertad contractual, trasgrediendo intereses privados y relaciones de orden estrictamente particular, es evidente que la cuarentena exige medidas concretas, para que se ayude a la población a sopesar sus necesidades en tiempos en los que la economía se encuentra paralizada, sin embargo esto no se puede hacer al margen de la Constitución y generando problemas que pueden terminar siendo mayores. Es delicada la situación porque los tribunales podrían tener que resolver demandas, mediante las cuales se les exija aclarar sí será acatada la Constitución y el Código Civil o sí se aplicará la Ley proyectada por el diputado Víctor Borda, en caso de que se asuma esta segunda opción, el derecho de propiedad podría ser afectado con la mayor discrecionalidad y con total impunidad, cada vez que la Asamblea Legislativa Plurinacional lo considere pertinente, lo que naturalmente puede generar niveles de inseguridad jurídica que inviabilicen las relaciones comerciales y afecten seriamente la economía. También es un exceso que sea ese mismo Órgano Legislativo el que usurpando funciones del Tribunal Supremo Electoral, pretenda definir la fecha de las elecciones y desconociendo la independencia que debe tener en sus decisiones el ámbito electoral, pretenda asumir la dirección de los comicios y anteponer intereses políticos frente a la necesidad de llevar a cabo un proceso tranparente. Las elecciones del 20 de octubre tuvieron que ser anuladas, por el grosero fraude cometido desde el Gobierno de Evo Morales, resulta indignante que los perpetradores de la bribonada electoral, sean quienes se empeñen en condicionar e intervenir el escrutinio venidero, en ese sentido queda claro que no existe en el M.A.S, ningún afán por ir limpiando su imagen política, al contrario pareciera que están más interesados en influir en las percepciones que tiene la gente de otros países, que en la opinión pública nacional. La coyuntura actual es demasiado difícil como para que se sigan admitiendo tales despropósitos, la solución por el desastre es una alternativa inadmisible, por ese motivo es de suma importancia que se ajuste la legislación de forma inmediata a la constitucionalidad, es lamentable que después de que fallecieran medio centenar de personas, continúen esas actitudes mezquinas, afectando a un Pueblo que también quiere elecciones para escoger otros representantes, pero que termina tolerándo a muchos de los actuales, porque comprende que la prioridad es la salud y sobrellevar la crisis económica.