Las circunstancias hacen que la coyuntura ya no pueda sustraerse del ambiente electoral, inclusive la cuarentena ha sido excesivamente politizada y no hay duda de que los intereses sectarios, impiden que el funcionamiento del Estado se desarrolle con normalidad. Es penoso que esto coincida con el aumento de los casos de coronavirus y la llegada inclemente del invierno, de forma que con certeza vendrán meses intensos y conflictivos y en ese sentido deben formularse ciertas preguntas, cuya pertinencia está fuera de duda y corresponden a temas inevitables en cualquier análisis y una consiguiente valoración de los hechos, que ya no es posible soslayar. Preocupa la ambigüedad del Tribunal Supremo Electoral y la actitud pusilánime de su Presidente, al extremo de que después del grosero fraude del 20 de Octubre y de todo el tiempo que dispusieron los Vocales para ir desvirtuando las desconfianzas, la referida entidad no asume sus atribuciones constitucionales y por su falta de autoridad elude sistemáticamente su obligación de ordenar los comicios, que en los hechos se desarrollan con un Órgano Electoral subordinado a las arbitrariedades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que además pretende con total impunidad, concentrar en plena Pandemia a millones de personas en los recintos de sufragio. No solo esta realidad implica un atentado contra la salud, conlleva además tolerar comicios en los que los veedores internacionales, están impedidos para realizar adecuadamente su trabajo, pareciera que deliberadamente se está obviando la imperiosa necesidad de evitar que las suspicacias y la falta de transparencia, ahonden la crisis institucional sin precedente que afronta el Tribunal Supremo Electoral, que se debería afrontar con firmeza y absoluta imparcialidad. Es llamativo el hecho de que no se haya realizado una auditoría minuciosa al Padrón Electoral o que todavía no tengamos las garantías suficientes, para suponer que las irregularidades cometidas, a estas alturas hubieran sido correctamente subsanadas, pareciera que en Bolivia no tenemos Justicia Electoral, tampoco se dictan directrices respecto a los procedimientos que se tienen que desarrollar, ni vemos el trabajo administrativo inherente a la resolución oportuna de los conflictos, al extremo de que ni siquiera conocemos un proyecto actualizado de calendario electoral. No se han efectuado estas tareas urgentes, ni parece existir la intención de responder sin remilgos a las interrogantes que genera la situación política del País, ahora existen puntos de bloqueo en Cochabamba, se estima que al menos 15 incidentes violentos pusieron a médicos y enfermeras en peligro y frente a ese contexto de crisis, termina siendo indignante el silencio del árbitro electoral, que incomprensiblemente parece absorto ante la escalada de la Pandemia. Son muy preocupantes los más de 150 decesos registrados desde que llegó el virus, una ciudad como Cochabamba ante el estupor de todos, acumula basura todos los días y en zonas sin ley como el Chapare, los sindicatos cocaleros pretenden dictar las reglas y evitar descaradamente la presencia del Estado, aunque son minoritarios los grupos que sabotean la cuarentena, lo cierto es que la situación ha salido de control y en ese sentido las indefiniciones quedan sobrando. Surgen demasiadas dudas, es como si se estuviera esperando a que el proselitismo comience sin regulaciones y se termine definiendo sobre la marcha una fecha para la votación, con el resultado de que atropelladamente tengamos un proceso electoral en ciernes, carente de debates, de información abierta y con escasa presencia de veedores internacionales, la situación es compleja y es una realidad inocultable, ojalá nos den respuestas pronto y estas sean simples y tranquilizadoras.