Durante estos años, y especial esta última Asamblea, el ejercicio del poder dual fue la piedra del zapato en la gestión de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Gobernación, quien además tuvo que enfrentarse con deudas impagas del anterior gobernador, la disminución de los recursos provenientes de las regalías sobrepasa el 75%, y para cerrar con broche de oro, una Asamblea Legislativa Departamental obstaculizadora de la gestión.

Asamblea que sólo sancionan y promulgan leyes para obstaculizar decisiones del Gobernador, como la ley que dispuso que un asambleísta del MAS sea subgobernador, cuando le corresponde al Gobernador designarlo; una Ley que deroga el Decreto Departamental N° 13/2016 que buscaba darle un giro al PROSOL, volviendo a poner en vigencia el Reglamento Operativo del PROSOL, cuando la facultad reglamentaria es del Órgano Ejecutivo; promulgan la Ley Departamental N° 206 que dispone el saqueo de recursos que administra la Gobernación para que la administren los alcaldes del MAS (7) , realizando débitos automáticos de más de 74.000.000 de bolivianos, recursos que hasta la fecha como tarijeños no sabemos que destino les dieron; describo sólo estas porque sería de no acabar.

Pero no contento ya con todo ello, cuando se supone que deberíamos pechar como tarijeños el mismo carro, dejar que el Gobernador en el marco de la Ley Departamental N° 407 trabaje para mitigar los impactos de la pandemia, ni bien se enteran que tomó medidas para las canastas alimentarias y el PROSOL, mediante el Decreto Departamental 29/2020, deciden sacar leyes que obstaculizan la gestión en perjuicio de los beneficiarios.

En relación al PROSOL, que es el programa operativo solidario que debe realizar la transferencia anual de los recursos provenientes de las regalías de manera directa para iniciativas productivas comunales a las comunidades campesinas e indígenas, ahora la Asamblea Legislativa Departamental mintiendo nuevamente a los tarijeños y tarijeñas del área rural, vendiéndoles humo, deciden aprobar mediante ley que se debe pagar PROSOL a todas las comunidades campesinas e indígenas, INHABILITADAS.

Lo que no les dicen a los beneficiarios del PROSOL, es que, a ellos, no les interesa para nada que tengan recursos para hacer frente a la pandemia, que sólo buscan frenar el trabajo del Gobernador, para que ningún campesino reciba el PROSOL, dado que:

PRIMERO: La Asamblea Legislativa Plurinacional mediante Ley N° 1267 aprobó el presupuesto para el PROSOL de Bs. 30.000.000,00 (treinta millones 00/100 bolivianos), monto que a la fecha se encuentra inscrito en el Sistema de Gestión Publica SIGEP, recurso que es insuficiente para cubrir las iniciativas productivas comunales de la gestión 2020 habilitadas, dado que, del presupuesto presentado en primera instancia por la Gobernación, el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas de ese entonces, instruye se disminuya el presupuesto en un 20%. (FUENTE: Dirección del PROSOL), de manera que ni siquiera alcanza para cubrir a las comunidades habilitadas, menos cancelar a comunidades INHABILITADAS.

SEGUNDO: La ley sancionada por la Asamblea Legislativa Departamental, obliga que se cancele el PROSOL a todas las comunidades campesinas indígenas INHABILITADAS, que no han rendido cuentas, que no han cerrado carpetas porque cometieron irregularidades en la administración del PROSOL, lo que pretenden es obligar al órgano ejecutivo, QUE DEJE DE INVERTIR EN HOSPITALES, EN MEDICAMENTOS, PONIENDO EN RIESGO LA SALUD DE LOS TARIJEÑOS Y TARIJEÑAS, para que dichos recursos se vayan a cubrir el PROSOL de comunidades que hasta la fecha no rinden cuentas ni subsanan las irregularidades, a las que demagógicamente se pretende que se cancele el PROSOL, SIN CONTAR CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA ELLO.
Las Irregularidades cometidas por las comunidades inhabilitadas, entre otras son: falta de rendición de cuentas, comunidades que se encuentran dentro de la mancha urbana, comunidades urbanizadas, no existen carpetas, no están en la base de datos, compra de bienes, lo vendieron y se repartieron el dinero, verificación de campo con resultados negativos, no tienen la primera parte de la carpeta, no desembolsaron recursos, no cerraron carpetas, pero principalmente porque una de las principales irregularidades realizada por la mayoría de las comunidades fue el de incluir a beneficiarios que no cumplían los requisitos mínimos del PROSOL, porque no vivían, no se dedicaban a la actividad agrícola ni tampoco cumplían orgánicamente en la comunidad. (FUENTE: Dirección del PROSOL)-

Aspectos, que asambleístas del MAS y de los demás que ejercen el poder dual desde la Asamblea, señalan que se les debe pagar, pero que se continúen con las acciones legales correspondientes, cuando no se trata de ir a la vía penal simplemente, sino que las comunidades deben cumplir el Reglamento Operativo del PROSOL que ellos mismo volvieron a la vida jurídica mediante Ley Departamental N° 152, normativa que mantienen vigente incluso en la Ley sancionada, donde a excepción de dos artículos, TODOS LOS DEMÁS SE APLICAN para la transferencia de recursos del PROSOL.

Cómo se pretende generar tanta pero tanta mentira a su propia gente por intereses mezquinos, intereses personales, rencillas personales con el Gobernador de algunos Asambleístas, cómo se pretende que la corrupción siga campeando con las iniciativas productivas comunales, que se haga borrón y cuenta nueva, dejando un precedente FUNESTO a nombre de la pandemia???????

Los tarijeños y tarijeñas, deberemos repensar cuan necesario es un ente legislativo, que obedece a instrucciones partidarias y rencillas personales y no al PUEBLO que los eligió.