La Fiscalía Anticorrupción de Cochabamba emitió una orden de aprehensión contra el alcalde José María Leyes, por no presentarse a una declaración informativa. El gobierno municipal, a través de Facebook, difundió que la autoridad se encuentra aislada en su domicilio por haber tenido contacto con dos personas que supuestamente dieron positivo de la covid-19. El alcalde fue citado a declarar este lunes en un juzgado de la ciudad, en relación a un caso por supuestos “delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la norma y contratos lesivos al Estado”, por la adjudicación de alimentos para policías y militares durante la cuarentena. Leyes había presentado un recurso para evitar la declaración y una posible captura, sin embargo, el pasado sábado 16 de mayo, la Fiscalía comunicó a la defensa que su requerimiento fue rechazado. La denuncia presentada por los concejales Edwin Jiménez, Carlos Coca y Celima Torrico dio pie al proceso judicial, a lo que el burgomaestre alegó una persecución política. El lunes 18 de mayo, José María Leyes, debía presentarse a declarar sobre el caso pero no lo hizo, su defensa tampoco presentó justificación de su ausencia, hecho que derivó a que la Fiscalía emitiera el comunicado de aprehensión: “Al policía investigador asignado al caso particular o cualquier otro funcionario policial proceda a la aprehensión de José María Leyes Justiniano quién deberá ser presentado en horario de oficina ante el Ministerio Público”, señala el documento de la Fiscalía Anticorrupción de Cochabamba. El comunicado en la cuenta oficial de Facebook del Gobierno Municipal, expresa que en 48 horas se conocerán los resultados del test de coronavirus, sin embargo, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba no presentó un informe al respecto. Los concejales de la Comisión Primera, Celima Torrico, Carlos Coca y Edwin Jiménez presentaron la denuncia contra José María Leyes y otros funcionarios, por indicios de irregularidades por la adjudicación directa de la comida para policías y militares, al restaurante Bunker Grill & Bar, por 488 mil bolivianos por 34 mil raciones. Se denunció que se adjudicó el servicio de alimentación a Bunker Grill & Bar, empresa que no presentó su Registro Único de Proveedor del Estado (RUPE), requisito indispensable para contrataciones. La Asociación de Empresarios de Restaurantes y Ramas Afines de Cochabamba (Aserac), el Movimiento Gastronómico Alimentario Boliviano (MIGA) y la Asociación de Chefs de Bolivia, expresaron su malestar por una invitación directa sin considerar a otros restaurantes, sobre todo en una época de crisis en la que se debe hacer buen uso de los recursos públicos. Leyes fue suspendido del cargo, en octubre del año pasado por “el caso mochilas”. En esa oportunidad la concejal de Cochabamba Rocío Molina, denunció que la empresa MSPC y Mane Comp, habría realizado la compra de los útiles escolares el 16 de agosto de 2017, sin embargo, la convocatoria en el SICOES, recién se publicó 104 días después.