El Procurador —tras recibir el jueves una respuesta del presidente del TSE, Salvador Romero— lamentó que, pese a las tres notificaciones enviadas, esta entidad haya remitido una carta en la que expresa que la respuesta del Órgano Electoral será “oportunamente comunicada”.

“Las acciones que el TSE asuma en el marco de sus obligaciones y responsabilidades con relación a los hechos ocurridos en el proceso electoral de 2019, serán oportunamente comunicadas”, indica el párrafo final de la misiva remitida por Romero a la Procuraduría.

Al respecto, señaló que la institución no necesita una respuesta del TSE, sino que requiere el cumplimiento del mandato del artículo 14 (antes mencionado) de presentación de la querella ante la justicia ordinaria.

La autoridad afirmó que también se procederá con las acciones legales contra los presidentes de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de ocho regiones, exceptuando al titular de Oruro porque este ya presentó una querella en enero.

“También se procederá de la misma manera con los presidentes de los tribunales departamentales de los ocho departamentos. Es muy importante señalar que el presidente del TED de Oruro presentó en enero su querella, en cumplimiento al artículo 14 de la Ley Marcelo Quiroga, sin la necesidad de que la Procuraduría le hiciese recuerdo de sus funciones”, explicó Cabrera.

Sin embargo, el Procurador aseguró que la institución a su cargo no tiene “el mínimo interés” en procesar a las altas autoridades, pero ratificó su obligación de cuidar el Estado de derecho y hacer cumplir las funciones de los altos mandos.

Por tanto, instó al presidente del TSE a cumplir con la Ley de Lucha contra la Corrupción.

“Exhortamos nuevamente, y tenemos aún la esperanza, que la máxima autoridad ejecutiva del Órgano Electoral cumpla con la obligación que le impone el artículo 14. Resultan inexplicables los motivos por los cuales ha demorado desde la fecha de su posesión (21 de diciembre de 2019), tenía la obligación de haber cumplido con lo que demanda la norma”, reiteró.

Cabrera recordó que transcurrieron más de cinco meses y de manera inexplicable Romero no cumplió con la obligación formal; añadió que no es necesario un sofisticado estudio jurídico para comprender la ley.

“Esperamos que en las próximas horas y días (Salvador Romero) recapacite y cumpla con un deber para bien de todos los bolivianos, de manera que contribuya de forma importante a que no prime la impunidad en el fraude electoral que sucedió el 20 de octubre de 2019”, sentenció.

Notificaciones enviadas

El Procurador indicó que “no era necesario” que su institución recordara a las autoridades del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) sus obligaciones, de acuerdo con lo que estable la ley anticorrupcción.

El OEP recibió tres notificaciones recordatorias para que presente una querella contra el supuesto fraude electoral ocurrido en octubre de 2019. La primera nota fue enviada el 19 de febrero; la segunda, el 16 de marzo y la tercera, el 15 de mayo.

Cabrera aclaró que la Procuraduría, en cumplimiento de su rol constitucional establecido en el artículo 229 de la Constitución Política del Estado (CPE), promueve, precautela y defiende los más altos intereses del Estado, sobre todo la lucha contra la impunidad, y afirmó que es imposible que se cometan actos de corrupción y fraude electoral.

“La sociedad que tenga la seguridad de que desde la Procuraduría vamos a defender a ultranza los altos intereses del Estado para el bien de la democracia y finalmente de cada uno de los bolivianos”, ratificó.