Salvador Romero, presidente del TSE, lamenta que el Legislativo no haya aceptado sus sugerencias de que las elecciones se den en septiembre; sin embargo, sostiene que cumplir con las disposiciones legales es su deber. Afirma que están trabajando para que  las elecciones venideras, “las más difíciles de la historia” en su opinión, sean un éxito democrático.

El TSE hizo primero una sugerencia en sentido de postergar las elecciones, pero terminó aceptando el plazo aprobado por el Legislativo, ¿qué implicaciones tiene esto, no es irresponsable por la situación de la pandemia?

Cuando se decretó la cuarentena, el TSE adoptó dos disposiciones. Por un lado, el 21 de marzo suspendió el calendario electoral a 45 días de la jornada de votación, por la imposibilidad de continuar con las actividades. Por otro lado, convocó a todas las candidaturas para procurar, de manera concertada, definir la hoja de ruta para la continuidad de las elecciones. Hasta ahora, ha sido el único espacio de diálogo y deliberación de los actores políticos. Fruto de esos encuentros, el TSE presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley con tres aspectos. El primero, dar certeza sobre la continuidad del proceso a través de un rango de fechas para la jornada de votación -planteado, en última instancia, del 28 de junio al 27 de septiembre-. El segundo, generar la suficiente flexibilidad técnica para que el TSE escoja la fecha dentro del rango a partir de criterios técnico electorales y parámetros científicos sobre la evolución de la pandemia. El tercero, garantizar jurídica, técnica y administrativamente las acciones efectuadas hasta entonces y las que vendrían cuando se reanude el cronograma electoral. El TSE hizo un significativo esfuerzo para defender, explicar y justificar su propuesta ante la Asamblea Legislativa y ante la opinión pública. Estas medidas mostraron el compromiso con la salud de los bolivianos.

Pero, el Legislativo decidió otra cosa…

La ley que se adoptó recuperó la propuesta, menos en el rango de fechas, pues fijó un plazo de 90 días desde el 3 de mayo para celebrar la elección. En términos prácticos, eso redujo el lapso disponible para que el organismo electoral escoja la fecha idónea. El TSE lamentó esa decisión. Sin embargo, un principio básico del Estado de Derecho es el cumplimiento de las normas. En tanto una nueva ley no disponga un rango distinto de fechas o una sentencia del Tribunal Constitucional acoja favorablemente los recursos interpuestos contra esa norma, es responsabilidad del TSE cumplir con las disposiciones legales.  

Se critica que el TSE, como poder del Estado, no pida una prórroga dada la situación de emergencia sanitaria. Además, se ha sugerido una reunión con líderes políticos para analizar escenarios de cara a definir una nueva fecha para las elecciones. 

El TSE cumplió con sus responsabilidades como poder del Estado, asumiendo su papel de organizar un proceso electoral que vele simultáneamente por los derechos políticos y el respeto a la salud. Al mismo tiempo, ha actuado respetando las atribuciones de los otros poderes e instituciones. Nuestras acciones demuestran la voluntad de generar acercamientos entre los actores para que las definiciones sobre las características y los procedimientos del proceso electoral, incluyendo las fechas, reflejen una amplia concertación: las reglas del juego debieran permanecer al margen de las controversias partidarias, que tienen otros espacios legítimos para expresarse.

Diversos países con actos electorales los han reprogramado o cambiado en su logística a causa de la pandemia, ¿qué se prevé hacer en Bolivia?

Se efectuarán cambios y ajustes con un objetivo prioritario: proteger la salud de los actores que participan en el proceso electoral, lo que, dada la cantidad de personas, implica precautelar la salud de toda la población. Se rediseñarán las actividades preparatorias rumbo a la jornada de votación, en particular las capacitaciones de los jurados electorales. Es una transformación de envergadura de las metodologías de trabajo. También se procederá a una reingeniería fina del día mismo de la elección. Se establecerán condiciones de distancia social, como la creación de más recintos de votación o una jornada electoral una hora más larga, además de recomendaciones, como no llevar niños o que cada elector asista con barbijo. Por otro lado, se distribuirá material de protección sanitaria.  

Se anuncia ausentismo en los electores y la preocupación de ciudadanos que se excusen para no ser jurados… Asimismo, los partidos no podrán desplegar a todos sus delegados.

El TSE comprende esos temores. Las medidas adoptadas son concretas, prácticas y útiles. Ellas garantizan una jornada con una adecuada protección de la salud. El TSE hace su parte; estamos convencidos que los ciudadanos también harán la suya. La gente actuará con responsabilidad, nos cuidaremos entre todos. Los bolivianos confirmarán su vocación democrática, mantendrán los altos niveles de participación, que constituyen un capital fundamental de nuestra democracia y una clave de la legitimidad de las próximas autoridades. Las elecciones serán el punto de reencuentro de la sociedad, del abrazo simbólico de todos los ciudadanos. 

Hay expresiones de molestia con que un gobierno transitorio continúe en el ejercicio del poder, sin embargo, tampoco ha sido posible un debate político electoral amplio de cara a una nueva elección. ¿Puede el TSE convocar a un diálogo entre las diversas fuerzas políticas?

La pregunta pone en evidencia el enfrentamiento y la polarización, que no son recientes y que constituyen en sí mismos un factor de tensión para cualquier proceso electoral. Unos sectores piden la postergación de las elecciones, otros exigen que se realicen cuanto antes, cada uno esgrime argumentos conceptualmente válidos y relevantes. El TSE debe navegar entre esas posiciones antagónicas, y su bandera exclusiva es el apego a la ley, imparcialidad frente a los actores políticos, responsabilidad institucional y seriedad técnica. La elección 2020 es la más compleja de la historia democrática. Ya tenía ingredientes muy complicados. Era la respuesta concertada a una grave crisis política y una etapa indispensable para el afianzamiento de la democracia. Para llevarla adelante, se recompuso íntegramente el Órgano Electoral, no solo el TSE, sino los tribunales departamentales. Adicionalmente, a la nueva gestión se le asignó el tiempo mínimo para organizar la elección -apenas 120 días- a la par que debía emprender la reconstrucción institucional de una entidad desacreditada… comenzando a veces desde lo elemental, reponer el material destruido. Esos desafíos continúan y se añade una pandemia que ha trastocado el funcionamiento habitual de la sociedad, incluyendo la manera cómo se organizan los procesos electorales.      

Pero, a dos meses del escrutinio no tenemos calendario electoral…

Las actividades del calendario electoral ya están definidas y son conocidas: corresponden al tramo de 45 días que nos separan de la jornada de votación cuando se reanude el cronograma. El TSE informará oportunamente la fecha de reanudación del calendario y de la votación. Ambas están indisociablemente asociadas. Por ahora, la sala plena se ha concentrado en elaborar el presupuesto adicional para reanudar el proceso con adecuadas medidas de seguridad, así como en el rediseño de las actividades y de la jornada electoral. Ambos procesos son exigentes y novedosos. Se los encara con responsabilidad consultando a especialistas y  dialogando con tribunales sometidos al mismo desafío que el TSE: preparar elecciones en tiempos de pandemia. Vamos a recuperar las mejores prácticas internacionales, que sean a la vez compatibles con el espíritu de la legislación electoral boliviana. 

¿Se reglamentarán las campañas por la pandemia?

Más que aguardar una reglamentación específica de parte del TSE por la pandemia, las organizaciones deberán realizar su proselitismo en el marco de las restricciones y limitaciones definidas por las autoridades de salud. Dentro de esas reglas, cada una de ellas decidirá las características de su campaña. 

¿Tiene previsto  reconsiderar el tema de las autorizaciones para la emisión de encuestas electorales?

La sala plena decidió que mientras esté suspendido el calendario electoral también se suspende la difusión de encuestas de preferencia electoral. Adicionalmente, en una época de características extraordinarias, se debe evitar generar ventajas o desventajas para los candidatos. La difusión de esos resultados se reanudará apenas se retome el calendario electoral.

Los programas de los partidos quedaron desactualizados por la pandemia. ¿Se puede dar un nuevo plazo para la presentación de planes?

Desde el punto de vista jurídico, la presentación de los programas es una actividad que precluyó, por lo tanto, no se repetirá.  Sin embargo, más allá de la obligación legal, hay una realidad política y una exigencia democrática de que se debatan los temas centrales de una sociedad. La ciudadanía pedirá que las candidaturas señalen cuáles son sus propuestas para enfrentar los efectos de la pandemia.  

Hay polémica alrededor de una supuesta ventaja para el electorado rural en desmedro del urbano. ¿Cómo se puede equilibrar esta situación?

En la elección presidencial, la aplicación de ese principio básico de la democracia es evidente: independientemente del lugar de emisión del sufragio, los votos cuentan igual para elegir al Presidente. Es decir, un boliviano, un voto. El principio también se aplica en la elección legislativa, aunque las fórmulas de distribución de escaños y la talla de las circunscripciones hagan complejo comprender su funcionamiento. Lo importante es que la cantidad de parlamentarios que obtiene una organización en un departamento depende del porcentaje de votación de su candidato presidencial en esa región. Ese elemento de base no ha cambiado en décadas y se ha preservado cuando se introdujo el sistema de diputados uninominales en 1997. En ese sentido, sean urbanos o rurales, los votos pesan igual para definir los parlamentarios.

Ejemplo básico: en un departamento de 20 diputaciones -de las cuales la mitad son circunscripciones uninominales-, si un candidato presidencial obtuvo 35%, el partido tendría siete diputados. Si el partido ganó tres circunscripciones, su bancada estaría compuesta por esos tres uninominales y cuatro plurinominales. Si ganara seis, no aumentaría el total, solo que completaría esa cifra con un diputado plurinominal. A la inversa, si solo ganara una circunscripción, entonces se le añadirían seis plurinominales.

El reclamo es que este sistema favoreció al MAS en el pasado y podría continuar haciéndolo…

Aunque se efectuaran reajustes en las circunscripciones, los cambios tendrían un mínimo impacto sobre el total de parlamentarios de cada organización; a lo sumo, modificarían la composición de su bancada entre diputados uninominales y plurinominales. En este punto, hay que recordar que la ley que fijó las reglas de los comicios de 2020, aprobada por unanimidad, definió que se mantengan las circunscripciones del año pasado.   

¿Por qué hay circunscripciones de tamaños demográficos distintos?

Por dos razones. La primera, de larga raíz histórica, porque el país decidió que los departamentos menos poblados tengan una representación mínima, por encima de su peso poblacional. Los diputados uninominales de Pando o Beni se eligen con menos votos que los de La Paz o Santa Cruz, para poner ejemplos. Sin embargo, en un mismo departamento, las variaciones se acotan bastante. La segunda proviene de la Constitución de 2009, que incorporó siete circunscripciones especiales, para dar representación a los pueblos indígenas minoritarios. Ellos tienen números reducidos de votantes. Vale la pena subrayar que en 2020 el TSE ha permitido el registro de candidatos de los pueblos indígenas de manera directa, sin necesidad de competir con una bandera partidaria. Es una innovación importante. 

El debate sobre estos asuntos es relevante y legítimo para la democracia, y debe darse sobre bases informadas, con argumentos que comprendan el alcance del sistema electoral y en un clima apaciguado, de preferencia bajo el “velo de la ignorancia” que señalaba Rawls, es decir sin conocer los beneficiarios o perjudicados de un cambio de reglas. Así, se privilegia el bien común.