Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: viernes 29 de mayo de 2020
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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El Juzgado Anticorrupción No. 2 dispuso la detención domiciliaria con derecho al trabajo del alcalde José María Leyes por su presunta participación en la adjudicación irregular de la alimentación para los uniformados durante la cuarentena por la pandemia Covid-19.
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El juez Richard Rodríguez dispuso la detención domiciliaria de la autoridad en una audiencia que se desarrolló por casi 12 horas de manera presencial y virtual. La Fiscalía pidió la detención de Leyes por seis meses en el penal de San Antonio por el riesgo de fuga, luego de hallar una libreta en la que se detallaba una presunta fuga. Sin embargo, el juez recordó que el encarcelamiento es una medida extrema sólo para asegurar el sometimiento al proceso.
El juez dispuso además el pago de una fianza de 150 mil bolivianos y su arraigo. Para el secretario general, Elías Vásquez, y el jefe Jurídico de Contrataciones, Mario Querejazu, también determinó el arraigo y una fianza de 150 mil bolivianos. Dictó, además, la libertad irrestricta para el secretario de Protección al Ciudadano, Omar Cordero.
Por su parte, la Fiscalía emitió otra orden de aprehensión contra Leyes por presunta portación de arma y lo volvió a detener anoche. Sigue en celdas de la Felcc a la espera de otra audiencia.
Imputación
El Ministerio Público imputó al alcalde José María Leyes por la presunta comisión de cuatro delitos. La comisión de fiscales que indaga el caso considera que el Alcalde no sólo incurrió en la omisión de un requisito como el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) al adjudicar el servicio al propietario del restaurante Bunker Grill, sino que lo favoreció por un nexo de amistad.
La Fiscalía imputó al Alcalde por la presunta comisión de resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
El juez anticorrupción rechazó el incidente de aprehensión ilegal. “Con relación a la detención de los imputados el Ministerio Público emitió una orden escrita (...), por tanto la aprehensión de los imputados es legal.
Correspondiendo desestimar los incidentes planteadas por los abogados defensores”, dijo la autoridad judicial.
El abogado de Leyes, Jimmy Almanza, señaló que la aprehensión del Alcalde fue ilegal, porque el Ministerio Público no cumplió con los supuestos materiales. El munícipe debía declarar el 18 de mayo, pero no acudió por sospecha de tener Covid-19 y su audiencia se difirió para el 2 de junio. Sin embargo, la Fiscalía allanó su casa el 27 de mayo por sospecha de preparativos de fuga.
DECLARAN EMERGENCIA MUNICIPAL POR PERJUICIO EN LAS CONTRATACIONES
REDACCIÓN CENTRAL
Tras la aprehensión del alcalde José María Leyes y otros tres funcionarios, el gabinete del municipio se declaró en estado de emergencia por la paralización de los procesos de contratación para atender la pandemia por la Covid-19 por presuntas irregularidades.
El pleno de los secretarios y subalcaldes del municipio se presentó en una conferencia de prensa con máscaras del rostro del Alcalde, quien fue aprehendido el miércoles en su domicilio, pese a que su declaración se difirió para el 2 de junio.
El secretario de Gobernabilidad, Edwin Paredes, manifestó: “Muy molestos por lo que está aconteciendo respecto a la administración de la justicia y a lo que pueda pasar con la administración de la institución”.
Paredes leyó un comunicado para denunciar que el 27 de mayo la Felcc y el Ministerio Público allanaron el domicilio del Alcalde, “acto que constituye un atropello contra los derechos humanos, como es la inviolabilidad del domicilio”.
En tanto, la tarde de ayer el secretario presentó una denuncia en la Defensoría del Pueblo por presunto procesamiento indebido del Alcalde y otros funcionarios por parte del Ministerio Público.
El gabinete expresó su solidaridad con el municipio y los otros tres funcionarios detenidos: Omar Cordero, secretario de Protección al Ciudadano; Elías Vásquez, secretario General, y el jefe Jurídico, Mario Querejazu, “por el abuso de poder ejercido por las autoridades”.
PUNTOS DE VISTA
"Este acto constituye un atropello contra los derechos humanos, como la inviolabilidad del domicilio". Edwin Paredes. Secretario de Gobernabilidad.
"Estamos preocupados porque todos los procesos de contratación están quedando truncados". Enrique Torrico. Secretario de Salud.
