«En la casa del señor Leyes se encontró documentación, dinero en dólares y bolivianos que le fueron devueltos, además de un arma de fuego que, al ser consultado por el permiso para su tenencia, señaló que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se la entregó para guardarla», detalló la Fiscalía General del Estado.

«Asimismo, se encontró una libreta en la que aparentemente se habría planificado una fuga por Perú, además de ciertas indicaciones del lugar por dónde debían salir los ahora aprehendidos, llevando solo lo necesario”, añadió en un comunicado.

Leyes fue arrestado junto a tres funcionarios municipales tras ser allanados sus domicilios, durante varias horas en el caso del acalde, en el marco de un proceso por presunta contratación irregular de una empresa para dar raciones de alimentos a policías y militares durante la cuarentena por el coronavirus.

«En las próximas horas se presentará la imputación formal en contra de las cuatro personas implicadas en este caso», según la Fiscalía, mientras los detenidos seguían en celdas policiales por la noche.

El pasado 18 de mayo, el alcalde estaba citado a declarar en un juzgado pero alegó que estaba en aislamiento tras haber estado en contacto con enfermos de COVID-19, con síntomas leves de la enfermedad, tras haberle sido rechazado un recurso para evitar la declaración y una posible aprehensión.

El recurso alegaba entre otros motivos que la denuncia de varios concejales que dio pie al proceso judicial se debe a una persecución política, un argumento recurrente por parte del alto funcionario municipal en anteriores causas en su contra.

Los concejales lo acusaron el pasado abril de saltarse el procedimiento administrativo de contrataciones, mientras que el alcalde alega que no es preceptivo en el marco del estado de emergencia sanitaria decretado en Bolivia por el coronavirus.

Leyes fue suspendido del cargo en octubre del año pasado por otros procesos judiciales aún en marcha, también por supuestas irregularidades en contrataciones, pero en febrero se reincorporó en su puesto tras haber llegado a denunciar en instancias de Naciones Unidas que era un «preso político» del anterior Gobierno de Evo Morales.

El político de 42 años, que llegó al puesto en 2015, forma parte del Movimiento Demócrata y Social (MDS), el partido de la presidenta Jeanine Áñez.