El Gobierno dejó sin efecto el decreto supremo de contrataciones directas a fin de evitar corrupción, excepto en los casos de «energía eléctrica, comunicación y compra de repuestos de plantas industriales».

El nuevo decreto se dará a conocer en breve, pero el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, ya adelantó que de acuerdo a esta nueva disposición las empresas públicas deberán sujetarse a las normas de contratación vigentes en el país.

Esta decisión llega después del escándalo que se investiga sobre el supuesto sobreprecio en la compra de 170 respiradores.

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Fuente: Detrás de la Verdad