Fiscales anticorrupción ordenaron la aprehensión del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y de otros tres funcionarios ediles involucrados en la denuncia de compra irregular de alimentos para policías y militares que trabajan para hacer cumplir la cuarentena por el COVID-19. Una audiencia cautelar definirá si se defienden en libertad o desde la cárcel.

“Se ha procedido a la aprehensión de estas personas, son cuatro, y en el transcurso de las siguientes horas el Ministerio Público va a formular la imputación respectiva”, informó Faridy Arnez, fiscal anticorrupción adscrita al caso.

Para la Fiscalía, se encontraron los suficientes elementos de convicción para presumir que Leyes, el Secretario de Protección al Ciudadano de la Alcaldía de Cochabamba, general Omar Cordero, el Secretario General, Elías Vásquez y el asesor legal de Contrataciones, Mario Querejazu, son con probabilidad autores de los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.

Cordero, Vasques y Querejazu presentaron declaración informativa el pasado 30 de abril. Esta jornada, los fiscales allanaron sus viviendas mientras efectivos policiales procedieron a su arresto y traslado a la Fiscalía Anticorrupción, donde ampliaron su declaración y luego fueron aprehendidos y conducidos a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Los funcionarios, junto a Leyes, fueron implicados en la compra, presuntamente irregular, de alimentos para policías y militares que hacían control durante la cuarentena.

Leyes fue denunciado el 27 abril por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes, por los miembros de la Comisión de Economía de Concejo Municipal, Edwin Jiménez, concejal del Frente Único, Carlos Coca, de Demócratas y Celima Torrico, del Movimiento al Socialismo (MAS).

La denuncia se realizó después de que los uniformados reclamaran por la entrega de alimentos en mal estado. La información llegó al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien pidió a los concejales fiscalizar al alcalde, y si hay irregularidades, denunciar.

En la revisión de los documentos de adjudicación, los concejales observaron que Bunker Grill, empresa contratada por invitación directa para la entrega de esos alimentos, no presentó el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), requisito para la firma de contratos. La adjudicación, se realizó por Bs 448.000.

Leyes fue citado a declarar, pero logró suspender el acto en tres oportunidades. Hoy, después de su aprehensión para que preste declaraciones, se abstuvo de declarar. 

Arnez explicó que en esta jornada, además de las viviendas de los funcionarios, los fiscales allanaron la casa del burgomaestre, que guardaba cuarentena por sospecha de COVID-19.

Aún se desconoce el material encontrado. “Se debe proceder a la discriminación y procesamiento, se ha encontrado documentos”, explicó Ricardo Arellano, responsable de Transparencia, del Ministerio de Justicia.

Leyes criticó el actuar de la fiscalía y culpó al gobierno de Jeanine Áñez por la nueva aprehensión. “Me siento dolido, decepcionado. Todos sabemos que Murillo está detrás de esto, es una cuestión personal, nunca pensé que podía ocurrir esto”, dijo mientras era trasladado a la FELCC.

El abogado del burgomaestre, Jimmy Almanza, cuestionó el accionar de los fiscales que “teniendo una audiencia señalada para el 2 de junio nos hacen aparecer una orden de allanamiento con el pretexto de colectar elementos de prueba que tengan relación al hecho. Hay una persecución ilegal”, aseguró.

Al reclamo, también se sumó la esposa de Leyes, Ingrid Lazaneo, que pidió cesar la “persecución” a su esposo y a su familia. “Cómo es posible que persigan a mi esposo sin motivo, no sigan los pasos del MAS. Por favor señora presidenta, le hablo como cristiana, como mujer, madre, tenga misericordia, déjennos tranquilos, quieren que salgamos de la política, salimos, no nos aferramos a nada”, aseveró.

Leyes ya enfrentó procesos y estuvo en la cárcel por las denuncias de compra de mochilas chinas con sobreprecio.

Dejó el penal de San Antonio en noviembre del pasado año, donde permaneció detenido preventivamente por los casos Mochilas I y II, referidos a la compra irregular de morrales escolares.

El 15 de febrero de este año, retomó su cargo de alcalde.