Mientras tanto la Pandemia del Coronavirus está alcanzando su pico y todos los candidatos parecen estar empeñados en obtener alguna ventaja de la situación e inclusive algunos como Carlos Mesa y Luis Arce, coinciden en sus críticas al gobierno de manera sorprendente, pese a que hace unos meses estaban en las antípodas. Lamentablemente los intereses políticos contaminaron todo y cuando existen desafíos tan importantes que encarar como una crisis sanitaria y una crisis económica, no existen instituciones con la solidez suficiente como para tratar los asuntos, aplicando estrictamente las normas y cumpliendo a cabalidad las funciones que constitucionalmente tienen. Eso no ha sucedido porque el nuevo Sistema Electoral, hasta la fecha no ha dado ninguna señal tranquilizadora, no sabemos lo que sucede con la depuración del registro de votantes, tampoco se explicó la manera en la que se darían las garantías de transparencia y ahora resulta que ni siquiera están respondiendo diligentemente a sus obligaciones procesales, en una investigación de la cual depende la credibilidad de esa institución y la estabilidad de la democracia. El M.A.S como partido político convoca a protestas en Caranavi y Montero, antes lo hizo en Trinidad y El Alto, mientras el Tribunal Supremo Electoral guarda silencio y no amonesta a ese partido político por organizar actividades que ponen en riesgo la salud de la población y de sus militantes, eso genera múltiples sospechas, nunca es buena idea que los lobos sean los que elijan a las ovejas para que los controlen, pareciera que los acuerdos del Senador Ortiz para la designación de vocales, así como el trabajo de las asambleas legislativas departamentales, estuvo muy lejos de garantizar la independencia que el Órgano Electoral requiere. En esas condiciones transitamos en el proceso electoral más desconcertante de nuestra historia, una prueba de fuego para la democracia y para una institución que debería estar al margen de los cuestionamientos y tiene el desafío de llevar a cabo unos comicios, en los que además de elegir representantes, los bolivianos tendrán que definir el destino de la democracia y serán quienes finalmente tengan que aceptar o rechazar los resultados y evaluar el proceso como tal. Es evidente que es una situación insostenible, el Tribunal Constitucional debería ordenar el proceso, lo curioso es que la transparencia requiere de firmeza para hacer respetar las reglas de la democracia y los encargados de impartir certezas, hasta ahora han sido esquivos a sus responsabilidades y algo tan sencillo como la fecha de las elecciones, resultó ser una papa caliente que ahora finalmente está en el plato de la justicia constitucional. La coyuntura es difícil y las prioridades parecen estar revueltas, se llegó al límite y ya no es posible que siga en debate la salud de la gente frente a la ansiedad de los políticos, ambas necesidades son irreconciliables y por eso llegó el momento en que alguien asuma la responsabilidad por el orden que tengan entre sí esas urgencias, solo así sabremos cuanto avanzamos o sí es que cambió todo para que al final no cambie nada.