Hubo también otra objeción: ¡estamos en época de pandemia y primero está la salud! Quienes reclaman elecciones serían insensibles al sufrimiento y la muerte por coronavirus. Empero, las elecciones más que supeditarse a la salud de los electores, determina el tipo de salubridad que recibirán los mismos. 

En ese ambiente confuso y ante el silencio del Tribunal Supremo Electoral, hasta la fecha no sabemos cuándo se efectuarán elecciones generales en Bolivia.

La relación elecciones-pandemia es asunto mundial. El calendario internacional señalaba para el año 2020 celebrar 149 elecciones. La mayoría fueron pospuestas. Sin embargo, en 15 países se desarrollaron 22 comicios: nueve municipales, cinco legislativas, cuatro primarias, tres locales y un referéndum en las fechas inicialmente programadas (marzo y abril). El 20 de mayo se celebraron elecciones presidenciales en Burundi y España acaba de programar para el 12 de julio elecciones regionales en Galicia y Euskadi.

El asunto no es, entonces, si las elecciones son o no saludables respecto al Covid-19. Se trata de si son o no imperiosas por la situación política concreta de cada país. En unos casos, su estabilidad permite posponerlas —así sea indefinidamente—; en otros, no realizarla entraña riesgos políticos mayores. ¿Cuál es la situación en Bolivia?

El actual gobierno se legitimó como “de transición”. El acceso de Janine Añez a la Presidencia se justificó porque el MAS vulneró las reglas de la democracia, al no respetar los resultados de un referendo sobre la reelección de Evo Morales y porque habría cometido fraude en elecciones generales. Por ello, su único “tránsito” es el de la restauración del proceso democrático, mediante una gestión breve, centrada en poner en funcionamiento mecanismos institucionales que aseguren la transparencia del proceso electoral.

La emergencia del Covid-19 aceleró una tendencia. De gobierno temporal, se pasó a gestión indefinida.  De administración restringida, a ejecutar orientaciones económicas y políticas mayores. Se asentaron así las condiciones para el despliegue de las taras constitutivas del poder político en Bolivia: corrupción e ineficiencia. 

La única manera de disipar este malestar es que el gobierno establezca fecha definida para las próximas elecciones y que ese proceso esté enmarcado en un mecanismo de reconciliación.

Es interesante considerar el vínculo religioso del término “reconciliación”. Al referirse a la relación entre Dios y los hombres, resalta la transformación en estos últimos. Se restaura la armonía donde imperaba el conflicto. No me refiero necesariamente a un acuerdo entre oposición y gobierno, o entre las fuerzas dispares del fenómeno “pititas”. Aludo a una reconciliación histórica entre los componentes desajustados con la llegada de los españoles a estas tierras. 

La corrupción, la nimiedad estatal, la informalidad económica, la inexistencia de nación y el conflicto interétnico tienen raíces coloniales. Si se encara sin ambages uno de estos elementos, se emprende la solución del conjunto. Sin embargo, a quienes buscan solo disfrutar del poder les es más conveniente medrar de esos defectos y no solucionarlos. 

Esta reconciliación implica modificar la relación de aparatos políticos con miembros de grupos excluidos. Del indígena funcional al estado de cosas, sumiso, nada influyente en las decisiones, pero exótico, a veces chocarrero y siempre intransigente defensor del amo, se debe transitar al individuo cuya identidad se conjuga con la capacidad contemporánea de entender y administrar el asunto público. De lo contrario, la implosión del inicuo sistema será obra de fuerzas que, en la necesidad de transformación, pueden alejar circunstancialmente toda reconciliación. La historia, en ello, es pródiga en ejemplos.