La polémica norma, aprobada el 30 de abril por el Parlamento -dominado por el Movimiento Al Socialismo (MAS)-, otorga un plazo de 90 días, a partir del 3 de mayo, para que se realicen las elecciones generales que fueron anuladas en noviembre de 2019, luego de conocerse que hubo fraude.
Desde su concepción, la Ley de postergación de elecciones fue rechazada por políticos de diferentes bancadas y por organizaciones civiles, porque consideran que primero está la salud de los bolivianos y convocar a comicios antes del 3 agosto significaría un alto riesgo, ya que el país está sufriendo los efectos del mortal coronavirus, cuya cantidad de casos se aproxima a los 7.000. Sin embargo, hay voces que también apuntan a que el Gobierno transitorio busca evitar prontas elecciones para seguir en el poder.
El 25 de abril, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) propuso que las elecciones generales se realicen entre el 28 de junio y 27 de septiembre. El presidente Salvador Romero justificó el planteamiento por el tema del coronavirus, ya que se había ampliado la cuarentena total. Sin embargo, esa sugerencia no fue tomada en cuenta por el MAS.
Es bueno mencionar que la normativa no fue promulgada por la presidenta transitoria Jeanine Áñez, quien rechazó poner su rúbrica, por lo que fue la presidenta del Senado, Eva Copa, cumplió con esa exigencia legal.
Ortiz, al presentar la demanda, argumentó que el artículo 2 de la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones Generales 2020 es contrario a siete artículos de la Constitución Política del Estado (CPE).
Está claro que los bolivianos deben volver a las urnas en el menor tiempo posible para elegir al presidente o presidenta que gobernará el país por los próximos cinco años. Sin embargo, la fecha debe ser consensuada para evitar mayores conflictos. Bolivia tiene suficientes problemas para sumar uno más.
La cuarentena de más de dos meses está afectando a todos los bolivianos en diferentes ámbitos, por lo que el próximo gobernante tendrá varios retos, entre ellos reactivar la economía del país, además de elaborar y aprobar programas y proyectos que también generen empleo, ya que muchas empresas están en una situación crítica. Asimismo, dar soluciones a los profundos problemas del sistema de salud, entre muchos.
El TCP ha señalado que la Presidenta del Senado ya fue notificada y tiene dos semanas para pronunciarse. Asimismo, el presidente de ese Órgano de control Constitucional, Paúl Franco, anunció que trabajarán “por tiempo y materia para dar una respuesta rápida sobre el recurso contra el artículo 2 de la Ley de postergación de las elecciones, pese a que legalmente tienen hasta 40 días para hacerlo”. Por su parte, Copa dijo que espera que el TSE haga conocer el calendario electoral.
Se avecinan días complicados, sobre todo, porque el pacto de unidad del MAS exigió ayer al Tribunal Electoral convocar a comicios como dicta la Ley 1297 y señaló que estarán atentos, "porque el pueblo boliviano ha pedido elecciones prontas”.
