La ola de protestas que se da en el país para que se eliminen las irregularidades y aberraciones que el partido del cocalero Morales dejó en el sistema electoral ha llegado hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Por el momento, ese tribunal ha admitido la demanda presentada por el exsenador Oscar Ortiz cuestionando la decisión del parlamento de poner plazos para la realización de las elecciones, pero tiene otras demandas pendientes referidas al mismo tema.

El procurador general ha ido más allá en este debate al cuestionar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no se haya constituido en parte querellante ante el TCP para defender la calidad de poder del Estado que tiene como órgano encargado de organizar, definir y administrar las elecciones en el país sin injerencia ajena, ni siquiera del poder legislativo.

El debate se profundiza cada día más. Ya se habla de la necesidad de una constituyente, como lo ha hecho el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé: “Es imprescindible comenzar a debatir una nueva CPE. Las últimas crisis han hecho explícita su necesidad y el ‘momento’ comienza caracterizando los cambios urgentes en debate pre y poselectoral”.

Y hay quienes entran en detalles, como aquellos que exigen, de inmediato, alguna medida que permita anular aquello de “Estado plurinacional” y volver a lo que es Bolivia desde el 6 de agosto de 1825: una república.

A esta corriente ciudadana, muy grande, solo se opone el partido del cocalero Morales, que exige desde el parlamento y desde los bloqueos en seis puntos del país que las elecciones se realicen de inmediato, calculando que cualquier reforma de la ley electoral termine quitándole las posibilidades de tener buenos resultados.

Con el actual sistema y geografía electorales, según dice el experto Luis Pedraza, el MAS podría tener dos tercios de representantes en el parlamento incluso si solo obtuviera 25% de los votos ciudadanos. Eso como efecto de la introducción del “voto ponderado”, un concepto por el cual algunos votos valen más que otros en el cómputo, aunque en toda democracia se supone que se aplica el concepto de “un ciudadano, un voto”.

También está el detalle de los votos inflados, que suman casi un millón, y que fueron añadidos al padrón electoral en 2009 con las “brigadas móviles” de ciudadanos venezolanos que entregaron cédulas de identidad a un ritmo acelerado, con lo que quedaron ciudadanos duplicados y triplicados, que siguen teniendo el derecho a votar.

En octubre y noviembre pasados, los bolivianos protestaron contra la burla que había hecho el cocalero de los resultados del referéndum del 21-F. Ahora, esos mismos ciudadanos miran con atención el probable fraude y están decididos a volver a las protestas si no hay una solución.

La democracia boliviana necesita dar confianza a los ciudadanos.