Julio Huaraya, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, presentó este martes ante la Fiscalía la ampliación de denuncia penal en contra de la canciller Karen Longaric, el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Andrés Mostajo, y otras personas, en el caso de la compra de 170 respiradores.

“Ampliamos la denuncia penal por graves delitos contra estos ciudadanos que incurrieron en la corrupción en el caso de respiradores. Es nuestra obligación coadyuvar en el proceso de investigación, debe caer todo el peso de la ley contra estos funcionarios que hicieron un negocio con la salud de los bolivianos”, sostuvo en rueda de prensa.

Precisó que la denuncia se amplía también en contra de Eduardo Claros Mostajo (primo hermano del Embajador de Ciencia y Tecnología) y David Alberto Pareja Lozada, cónsul de Bolivia en Barcelona (España). “Lamentablemente hay gente que se ha prestado a este tipo de negociados particulares y quisieron beneficiarse a costa de la salud de los bolivianos”.

La semana pasada, la senadora del MAS, Adriana Salvatierra, sostuvo que el cónsul Alberto Pareja influyó en la contratación de la empresa proveedora de los respiradores y que autoridades de los ministerios de Salud y de Relaciones Exteriores deben asumir su responsabilidad en esta “compra irregular”.

Las denuncias sobre el posible sobreprecio en la compra de los aparatos indican que estarían involucradas diferentes autoridades e instancias del actual y del anterior gobierno.

El lunes, en la Asamblea Legislativa, se conformó dos comisiones especiales destinadas a investigar irregularidades en tres empresas estatales y la compra de los 170 respiradores de origen español con presunto sobreprecio. En el caso de los respiradores conforman la comisión los senadores Erwin Rivero y Ciro Zabala (ambos del MAS), Edwin Rodríguez de Unidad Demócrata (UD); y los diputados Alicia Canqui, Tito Veyzaga, Edgar Montaño, Justino Jurado (todos del MAS), María Calcina (UD) y Helmut Salinas del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Se informó que esta instancia podrá realizar inspecciones de campo, entrevistas y otros actos investigativos, siendo que la indagación durará hasta el 20 de agosto de 2020, donde deberá presentar un informe de conclusión al pleno del Legislativo.