"Los 40 días son un plazo máximo, pero como lo mencione haremos todo lo posible, existe un alto compromiso del Tribunal Constitucional Plurinacional de trabajar por tiempo y materia y en ese entendido estaremos atentos a la llegada de la respuesta para que se haga el sorteo correspondiente y se pueda emitir la resolución cuanto antes", aseguró Franco, a la red Unitel.

La postura surge luego de que el TCP admitió el martes un recurso de inconstitucionalidad abstracta presentado, el 5 de mayo, por el exsenador Oscar Ortiz (UD) y otros legisladores para impugnar de forma parcial el artículo 2 de la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones Generales 2020, por ser contrario a la Constitución Política del Estado (CPE).

Franco explicó que se admitió dicho recurso presentado por el oficialismo debido a que la acción legal cumplió con los requisitos establecidos en el Código Procesal Constitucional.

En tanto, la autoridad afirmó que el otro recurso de inconstitucionalidad presentado por la senadora Carmen Eva Gonzales (UD) y otro de nulidad presentado por Ortiz ante el TCP contra la ley, promulgada por la mayoría de los legisladores del MAS, fueron rechazados porque no cumplieron los requisitos establecidos en dicho código.

En ese sentido, el presidente del TCP precisó que tras la admisión y notificación de dicho recurso la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, tiene un plazo de 15 días para contestar esa acción legal.

Posteriormente, Franco mencionó que se efectuará el sorteo para un magistrado relator y luego el TCP recién emitirá su "decisión de fondo".

"El TCP ha venido demostrando con todas sus actuaciones, que ha ido desarrollando, que está predispuesto a atender estas causas en el menor tiempo posible y así darle certeza y seguridad jurídica del país", manifestó la autoridad.

En esa línea, expresó que en este caso dicho tribunal determinará si el artículo 2 de la ley, que adelanta el proceso eleccionario y que fue impugnado por el oficialismo, es compatible o no con la Constitución y se declarará la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma.