A la conclusión del allanamiento realizado a su domicilio, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, fue aprehendido y trasladado al Ministerio Público para que declare acerca de la contratación de un restaurante que distribuyó alimentos a policías y militares en dicho departamento.

El burgomaestre expresó su molestia por dicha situación, ya que considera que no se respetó la cuarentena, y la atribuyó a una orden del ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

El 27 de abril, tres concejalas denunciaron a Leyes por la contratación del restaurante sin haber presentado el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). En días anteriores, Leyes ya tenía mandamiento de aprehensión, pero la Fiscalía dejó sin efecto esta disposición y programó para el 2 de junio su declaración.

En contacto con radio Panamericana, su abogado, Jorge Valda, aseguró que dicha aprehensión es ilegal porque no había una orden del juez y, sobre todo, se puso en riesgo la salud de Leyes y de sus familiares.

“Nos sorprende que un juez de Quillacollo firme una orden de allanamiento para ingresar al domicilio de José María Leyes fuera del horario judicial permitido; que ingresen a un domicilio en el que habitan niños, habitan mujeres y José María aún se encontraba en casa por la cuarentena”, señaló.

Valda sostuvo que los fiscales y policías ingresaron sin ningún tipo de bioseguridad.

“Este es un acto no solamente ilegal e inconstitucional, sino delictivo. Estamos en un país en el que no se cumple el fallo de un Tribunal Constitucional y en el que no se respetan los derechos humanos porque no solamente estamos hablando de una persecución ilegal, sino de un atentado contra la salud pública”, aseguró.