Infografía: Rafael Amusquivar.Karem Mendoza G. / Bolivia Digital
Tras la admisión de la acción de inconstitucionalidad abstracta contra la Ley de Postergación de Elecciones, impulsada por el Movimiento al Socialismo (MAS), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene 45 días ―a partir de la respuesta de la senadora Eva Copa y el sorteo de un magistrado relator― para determinar si la impugnación es compatible con la Constitución Política del Estado (CPE).
Según el jurista Óscar Urquizu, el TCP deberá realizar un análisis de fondo de la acción que impugna el artículo 2 de la Ley 1297, que ordena al Órgano Electoral fijar la nueva fecha para la jornada de votación en un plazo máximo de 90 días, computables a partir del 3 de mayo.
“En el fondo, el TCP tiene que poner en la balanza jurídica si vale más el derecho a la vida de millones de bolivianos o el deseo de ir como sea a las alecciones a sangre y fuego por parte del Movimiento al Socialismo (MAS)”, afirmó el politólogo.
El abogado señaló que la admisión es importante porque se superó la fase de comprobación de requisitos y de formalidad. Ahora corresponde un análisis jurídico. Asimismo, Urquizu considera que es una “buena noticia” para la población que valora la salud y la vida.
La diputada de Unidad Demócrata (UD) Rose Mary Sandóval aseguró que el TCP admitió como correspondía el recurso porque prima la Constitución Política del Estado (CPE), la salubridad y la vida de la población sobre las elecciones.
“Nadie quiere prorrogarse y no llevar a cabo las elecciones. El tema es cómo, cuándo y en qué condiciones (se realizan los comicios). Si no hay las condiciones sería un crimen absoluto en una pandemia, en una situación en la que no llegamos al pico de contagios”, aseveró la legisladora, que impugnó la norma electoral.
Por su parte, el Movimiento al Socialismo (MAS) afirmó que la admisión de este recurso no tendrá ningún efecto sobre la Ley 1297 y ratificó que continúa vigente.
“El Tribunal Supremo Electoral tiene que cumplir lo que manifiesta el TCP, la ley sigue vigente, no ha sido rechazada. Por la tanto, la ley está en vigencia y se tiene que cumplir y reiniciar el calendario para realizar la elección en el plazo de 90 días”, apuntó el diputado del MAS Henry Cabrera.
Al respecto, el presidente del TCP, Paul Franco, confirmó que hasta que la sala plena no emita una resolución, la norma continúa intacta.
“El efecto de una admisión no constituye una resolución definitiva. La resolución definitiva emergerá luego de que se cumpla con la contestación correspondiente a la acción. Esta resolución la emite el pleno. Al no haber ninguna decisión de fondo, la Ley 1297 sigue vigente”, explicó la autoridad.
Recursos rechazados y admitidos
La comisión de admisión procedió a la emisión de tres autos constitucionales en respuesta a tres acciones presentadas por legisladores y el Gobierno contra la Ley 1297 de Postergación de Elecciones.
La primera acción de inconstitucionalidad fue presentada por la senadora Carmen Eva Gonzales, la cual fue rechazada por incumplir los requisitos establecidos en la normativa procesal constitucional. Al igual que el segundo recurso directo de nulidad presentado por el exsenador Óscar Ortiz.
La tercera acción de inconstitucionalidad abstracta ―también presentada por el exlegislador Ortiz, la senadora Silvia Guzmán de Gottieb y la diputada Rose Marie Sandoval Farfán― cumplió los requisitos establecidos en el Código Procesal Constitucional.
“Esta acción está dirigida a impugnar parcialmente el artículo 2 de la Ley 1297”, añadió Franco.
Proceso constitucional
El presidente del TCP aclaró que el proceso constitucional ―luego de admitida la impugnación― continúa con la notificación a la presidenta del Senado, Eva Copa, quien en un plazo de 15 días deberá responder y justificar su posición de llevar adelante elecciones en 90 días a partir del 3 de mayo.
Una vez que la senadora Copa emita la respuesta, el TCP realizará un sorteo para designar un magistrado relator.
Finalmente, la sala plena del organismo constitucional emitirá una decisión tras un análisis jurídico.
“Se tendrá que determinar si el artículo 2, que fue impugnado de la Ley 1297, resulta compatible o incompatible con la CPE, en ese caso ameritará una sentencia”, declaró.
Por otro lado, Franco aseguró que la entidad a su cargo está comprometida en reducir los plazos procesales y emitir una decisión pronta para dar certeza a la población.
“Hemos sido contundentes en explicar que estos plazos procesales tienen el alto compromiso del TCP para acortarlos pese a que no nos encontramos en una situación de normalidad. El TCP demostró que está predispuesto a atender estas causas en el menor tiempo posible para darle seguridad y certeza jurídica al país”, sentenció.
