La nueva Constitución, con relación a la representación, en el artículo 146, numerales 5 y 6, nos dice que el total de escaños departamentales estará establecido por el número de habitantes de acuerdo al último censo nacional y que se dará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor desa-rrollo económico, también que las circunscripciones uninominales deben guardar relación de continuidad geográfica, afinidad y continuidad territorial, y basarse en criterios de población y extensión territorial. Establece que será el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) quien delimitará las circunscripciones uninominales en base a dichos criterios.

Entonces, tras el Censo de 2012, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 2014 asume su responsabilidad de reorganizar las circunscripciones.

Por una parte, como país unitario y plurinacional y respetando la organización territorial departamental, donde se deben dividir las circunscripciones respetando los principios de población y territorio, se consensuó con los demandantes regionales; bajo el principio de unidad y de respeto igualitario a los nueve departamentos. De esta manera, no tomar en cuenta solo el criterio poblacional, pues los departamentos del eje, y particularmente Santa Cruz, podrían absorber gran parte de la representación; así como departamentos como Potosí, que ha perdido gran parte de su población producto de la migración, o Pando, que tiene una escasa población, ya prácticamente no tendrían representación.

Entonces, el criterio territorial se convierte en una variable de equidad, cuando los porcentajes por departamento no son iguales en número de ciudadanos votantes, pero son equitativos en el respeto a la territorialidad. Así, las demandas poblacionales del eje son asumidas con este criterio, para dejar de lado los números que aparentemente solo dan representación a los más grandes. Por eso, si nos quedamos solo con la cantidad de habitantes, parece injusto que para elegir a un diputado uninominal en La Paz se necesiten 50.000 votos, mientras que en Pando el número de votos necesario para ello solo sea de 5.000.

Otro criterio de mirada plurinacional es el de las circunscripciones especiales indígenas. Siendo que inicialmente el debate constituyente de la mayoría apuntaba a 36 representaciones existentes, producto del debate con las representaciones departamentales y partidarias, se fueron reduciendo para finalmente quedar y aprobarse en siete representantes. Es la representación de la plurinacionalidad, e independientemente del número de indígenas que representan, los elegidos son representantes de los pueblos indígenas en los departamentos donde son minorías, y donde los asientos y recintos electorales no necesariamente cuentan con continuidad territorial. Una vez más tenemos que ver más allá de los números: lo que representan en un país que históricamente ha sometido colonialmente a los pueblos indígenas y que hoy los reivindica en una representación directa, que no es proporcional al número de pueblos y naciones que son, pero sí de lo que históricamente son y seguirán siendo en nuestra identidad plurinacional.

Esta demás decir que el actual cuestionamiento a las circunscripciones uninominales vigentes tienen no solo un fin electoral, que busca posponer el proceso eleccionario, sino que también se pretende, una vez más, reivindicar la prevalencia urbana sobre lo rural como ocurrió en el pasado inmediato producto del racismo y la discriminación de las oligarquías que manejaban el país. Hoy creen que es el momento de volver al pasado, reivindicando la prevalencia urbana. No nos dicen que precisamente el proceso de cambio detonó el valor del voto para el nivel rural, para el sujeto indígena originario campesino, que acudió masivamente a votar para cambiar el país.

Hoy, en medio del golpismo vigente, se creen con el derecho de volver atrás; todavía más: inventan que “un voto campesino equivalen a tres urbanos”, o que “el MAS ha manipulado las circunscripciones para favorecerse electoralmente”. Lo que no podrán explicar, más allá de la distorsión que realizan producto del monopolio en las vocerías oficialistas en los medios de comunicación, es que fue el voto rural IOC que masivamente acudió a sufragar el que completó la victoria del MAS, llegando la votación a cifras nunca soñadas en los procesos neoliberales, hablamos de porcentajes que bordean el 85 y 90% frente a cifras en épocas neoliberales que no pasaban del 40%, llegando a tener presidentes hasta con el 18%.

Entonces, no es que se inventó o “fraguó” votos, sino que Bolivia cambió porque las mayorías optaron por participar electoralmente y, más allá de eso, ser protagonistas de la política oficial del proceso de cambio. Otro criterio a compartir es que en el actual mapa electoral de las circunscripciones uninominales, unas son fundamentalmente urbanas por el grado de concentración poblacional, pero hay muchas otras que son urbano-rurales, manteniendo no solo el porcentaje poblacional, sino también la continuidad territorial que hace a una circunscripción, de esta forma se rompió la dicotomía neoliberal y republicana de lo rural a costa de lo urbano.

Finalmente, debemos abogar una vez más porque el número igual no representa necesariamente equidad, como pretende argumentar las interpelaciones opositoras para cambiar el mapa de las circunscripciones, ya que el resultado en un país plurinacional como el nuestro sería el retorno a la inequidad, que fue la norma republicana del voto censitario, y que al parecer hoy es la plataforma política de los actuales gobernantes. Defender la constitucionalidad del Estado Plurinacional, como ocurre con la equidad entre los departamentos pero también con las circunscripciones especiales indígenas, es un tema de principio: en democracia, la mayoría debe estar representada no solo por el número sino también por la representación de quienes nunca tuvieron históricamente posibilidad de participar y decidir, por eso nuestro sistema electoral es mixto, proporcional y de mayoría, y busca combinar lo territorial, poblacional, buscando la inclusión de minorías y de género, invisibilizadas por toda la historia anterior a la actual Constitución.

Tenemos un nuevo país que aún no terminamos de construir, pero que las oligarquías están desesperadas por volcarlo hacia atrás, no solo con toda la política económica desplegada, sino también buscando atropellar la Constitución y transformar la representación plurinacional para volver al pasado.