Sostuvo que Suárez podría ser parte querellante dentro del bullado caso “mochilas” –que motivó la suspensión de Leyes– aunque expresó que la nueva Alcaldesa podría “verse influenciada” por el círculo del suspendido burgomaestre.

En su primera intervención, Suárez aseguró que investigará los casos de corrupción.

Por su parte el concejal Edwin Jiménez explicó que Suárez podrá instruir el inicio de procesos administrativos o auditorías por los supuestos ilícitos que se presentaron desde hace un mes.

Jiménez recordó observaciones a contrataciones en la Dirección Financiera en las que una misma persona se adjudica licitaciones de consultoría, por más de 184 mil bolivianos.

Jiménez presentó una solicitud formal de información por estos contratos que llevan la firma de Diego Moreno Barrón como Responsable del Proceso de Contratación (RPC).

De acuerdo con los documentos de la Alcaldía, el 19 de noviembre 2017, Álvaro Giraldo Pabón fue contratado para una consultoría de un modelo de Administración y Gerencia del Sistema Virtual de Consulta Médica por 49.800 bolivianos, durante cinco días.

Dos días después, se emite un nuevo contrato sobre una “Propuesta de modificación de la Secretaría de Planificación e implementación de una subsecretaría”, por 35.000 bolivianos.

“Esto implica que en un día ganaba 10.000 bolivianos por día, lo que un obrero ganaba en cinco meses él lo hacía en un día”, observó Jiménez.

Otra de las funcionarias que fue implicada en la adjudicación de mochilas escolares de la gestión 2018, Carolina Ayala brindó su declaración ampliatoria en el Ministerio Público. El abogado de Ayala, Dante Reyes explicó que ahora se prepara la defensa de fondo.

“Vamos a pedir hacer cuadrar las llamadas telefónicas entre los funcionarios y la empresa”, manifestó.

Carolina Ayala que ocupaba el cargo de directora de contrataciones en Obras Públicas, también fue parte del contrato de adjudicación de mochilas escolares de la gestión 2015, por 10 millones de bolivianos a la empresa Velpa Srl. Para Reyes este antecedente, es beneficioso debido a que “las licitaciones fueron totalmente transparentes (...) no hay la relación con las empresas que están desde el 2017”, según afirmó su cliente.

La investigación del caso mochilas se amplió a la funcionaria por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con sus funciones.

La imputada dijo en ese momento que “existen dos funcionarios debidamente identificados que firman todo este requerimiento. El 28 de noviembre, quien autoriza el inicio del proceso de contratación debió verificar todo esto”.

El 24 de abril, la juez Sarah Céspedes determinó medidas sustitutivas para Ayala, entre ellas el arraigo, una fianza de 100 mil bolivianos y la prohibición de acercarse a los documentos del proceso.