De acuerdo al abogado, TCP admitió una de las tres demandas de inconstitucionalidad que fueron interpuestas a inicios de mayo,  en contra de la ley de prórroga de las elecciones por contener supuestos "vicios de nulidad de fondo y forma" y vulnerar el derecho a la salud.

Según dijo, la admisión de una de las acciones presentada por el senador Óscar Ortiz y la diputada Rose Mary Sandoval, implica que el Tribunal decidió ingresar a una valoración de la demanda, “para poner en la balanza jurídica el derecho a la vida y a la salud de millones de bolivianos, frente a la desesperación del Movimiento Al Socialismo de llevar cuanto antes a una elección, inclusive poniendo en riesgo la salud de miles de bolivianos”, según Urquizu, entrevistado en Sucre por el periodista Edwin Urizar.

Asimismo, el TCP rechazó la medida cautelar presentada por Gonzáles contra el artículo dos de la ley 1297 promulgada el 30 de abril por la presidenta del Senado, para convocar a elecciones en un lapso de 90 días a partir del 3 de mayo, fecha en la que debían realizarse las elecciones y que fue dejada sin efecto a raíz de la crisis sanitaria por la pandemia de  coronavirus.

Por tanto, “Resuelve: RECHAZAR la acción de constitucionalidad abstracta interpuesta por Carmen Eva Gonzales Lafuente de Vargas, senadora titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demandando la inconstitucionalidad parcial del art. 2 de la ley 1297 de 30 de abril de 2020, denominada -Ley de Postergación de Elecciones Generales 2020-, en la siguiente frase: “…que deberá efectuarse en un plazo máximo de noventa (90) días computables a partir del 3 de mayo de 2020”, se lee en el documento dado a conocer por el TCP.

“Nosotros presentamos una medida cautelar que ha sido rechazada, pidiendo que se deje sin efecto el articulo dos de la ley que establece el plazo para el 2 de agosto, esta solicitud ha sido rechazada de la medida cautelar, sin embargo el fondo ha sido admitido”, indicó, respecto al rechazo del recurso.

Una vez notificada, corresponde que la presidenta del Senado, Eva Copa, redacte una respuesta ante el TCP, la misma que debe ser presentada en un plazo máximo en 15 días.