Eliana Uchani / Bolivia Digital

El Procurador General del Estado, José María Cabrera, reclamó que hasta la fecha, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, no activó una querella penal en contra de los autores materiales e intelectuales del presunto fraude en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, en las que resultó ganador el Movimiento Al Socialismo (MAS).

La autoridad afirmó que se enviaron tres notas Romero, en las se le pide que se adhiera a las investigaciones de este caso. En la última nota le solicitaron una reunión, sin embargo, hasta el momento no obtuvieron respuesta.

“Han transcurrido más de seis meses del inicio de estas investigaciones, sin embargo, un actor ausente desde el inicio de las investigaciones, es el propio TSE y los tribunales departamentales electorales, siendo que el artículo 14 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz textualmente dispone la obligación de constituirse en parte querellante”, enfatizó el procurador.

Al respecto, este medio trató de contactarse con Romero para conocer su versión, pero no respondió a las llamadas ni los mensajes que se envió a su celular.

Cabrera explicó que la primera nota se envió el 18 de febrero, pero el TSE no respondió. El 16 de marzo, se envió la segunda carta, donde le solicita a Romero que se constituya como parte querellante en el caso del fraude.

En la tercera nota, del 25 de mayo, se pidió una audiencia para hablar sobre ese tema, en el marco de la defensa legal del Estado. Cabrera lamentó que hasta el momento ninguna de esas misivas hayan tenido una respuesta.

“Como es obligación de la Procuraduría General del Estado, ponemos en conocimiento de la opinión pública sobre la falta de cumplimiento de obligaciones legales que dispone el artículo 14 de la Ley 004, para que el TSE coadyuve en las investigaciones y se esclarezca conforme a derecho las responsabilidades en el fraude electoral del 20 de octubre”, puntualizó.

El 10 de noviembre del 2019, la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó el resultado final de la auditoría que se hizo a los resultados de las elecciones de octubre, donde se evidenció la manipulación de los datos y un favorecimiento al binomio del MAS, Evo Morales y Álvaro García.

El estudio concluyó que en las elecciones generales hubo una “manipulación dolosa” e “irregularidades graves”, que hacen imposible validar los resultados emitidos por las autoridades electorales.

Este hecho derivó en la renuncia de Morales, en medio de una crisis social y política que se extendió en todo el país.

Ante este escenario, la Fiscalía activó un proceso contra los exvocales del TSE, y el expresidente Carlos Mesa pidió que se incluya en el caso a Morales y García Linera, además de los ministros Héctor Arce, Carlos Romero y Juan Ramón Quintana.

Asimismo, se anuló la votación y se convocó a un nuevo proceso; ante las presuntas irregularidades, algunos actores políticos, incluso, pidieron sancionar al MAS con la cancelación de su personería jurídica. Sin embargo, todo el proceso quedó paralizado cuando se dictó la cuarentena por el COVID-19.

En ese marco, Cabrera anunció que si Romero, en calidad de Presidente del TSE, no se suma a la querella penal, puede ser pasible a un proceso por incumplimiento de deberes, por lo que no descartó que la Procuraduría inicie las acciones correspondientes.