Luego de la cuarentena total, el Órgano Ejecutivo impulsará la investigación sobre el caso del presunto fraude electoral, registrado en los comicios generales del 20 de octubre de 2019, además de otros procesos judiciales que quedaron paralizados debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

En febrero, la Fiscalía determinó abrir de oficio una investigación en contra de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el delito de fraude electoral; poco después, el expresidente Calos Mesa pidió ampliar el proceso en contra del exmandatario Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y tres exministros de Estado, a quienes apuntó como autores intelectuales del ilícito.

“En el tema del fraude electoral, una vez que termine la cuarentena total y exista una cuarentena dinámica, los plazos procesales se reabrirán y se procederá a emitir las respectivas imputaciones contra el señor Morales, contra el señor (Héctor) Arce y el resto de las personas”, anunció el viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Guido Melgar.

Auditoría de la OEA 

Luego de los comicios de octubre, la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó una auditoría del proceso que, al cabo de dos meses, concluyó que en las elecciones generales hubo una “manipulación dolosa” e “irregularidades graves”, que hacen imposible validar los resultados emitidos por las autoridades electorales.

Este hecho derivó en la renuncia de Morales, en medio de una crisis social y política que se extendió en todo el país.

Ante este escenario, la Fiscalía activó un proceso contra los vocales del TSE, y el expresidente Mesa pidió que se incluya en el caso a Morales y García Linera, además de los ministros Héctor Arce, Carlos Romero y Juan Ramón Quintana.

Asimismo, se anuló la votación y se convocó a un nuevo proceso; ante las presuntas irregularidades, algunos actores políticos, incluso, pidieron sancionar al MAS con la cancelación de su personería jurídica. Sin embargo, todo el proceso quedó paralizado cuando se dictó la cuarentena por el COVID-19.

“El fraude electoral es un delito que solamente lo cometen las personas físicas, no las personas jurídicas, esto en el ámbito penal; ahora, habría que hacer una denuncia al Órgano Electoral para ver si dentro de las causales de pérdida de personería jurídica estaría la del Movimiento al Socialismo”, explicó Melgar.

Otros casos 

La autoridad explicó que existen otros casos pendientes en agenda, como la investigación sobre el presunto desfalco en el Fondo Indígena, que asciende a Bs 121 millones, aunque se calcula que durante el anterior gobierno se registró un  daño de Bs 1.000 millones, situación que debe ser establecida por la investigación judicial.

En ese caso, “ya hemos realizado las respectivas denuncias”, pero “lamentablemente el tema de la cuarentena ha cortado los plazos procesales”, dijo Melgar, quien también mencionó el caso del supuesto sobreprecio en el proyecto de Mi Teleférico.