El 12 de Noviembre después de 2 días de vacío del poder, (renuncias de Álvaro Linera Vicepresidente y Presidente nato de la ALP, Adriana Salvatierra Presidenta del Senado, Rubén Medinaceli 1er. Vicepresidente del Senado y Víctor Borda Presidente de la Cámara de Diputados), Janine Añez Chávez  asume el mandato presidencial después de conciliar un pacto por la democracia con el MAS, (Movimiento al Socialismo, liderizado por Morales), hecho que impidió que la revolución social llegue a alcanzar el objetivo político,  enjuiciar y encarcelar a Morales y Linera por transgredir el artículo 169 de la CPE., que expresa lo siguiente: “El periodo de mandato del Presidente y del Vicepresidente del Estado es de 5 años, pudiendo ser reelectos de manera continua por una sola vez” Morales y Linera iban por la 4ta, manipulado a diferentes instituciones como la prensa, Órgano Nacional Electoral, Tribunal Plurinacional Constitucional y Corte de San José, organismo dependiente de las Naciones Unidas, que recibió una solicitud a través del Ministerio de Justicia y Transparencia de Bolivia para habilitar a Morales, exponiendo  que el “Derecho a la Reelección es un Derecho Humano”.

La democracia pactada por los líderes políticos y la Iglesia Católica, permitieron que Morales y Linera sean evacuados desde el Chimoré, provincia José Carrasco del Departamento de Cochabamba hasta México en una operación secreta apoyada por Manuel López Obrador, presidente de México, país donde logra aterrizar en una nave de la Fuerza Aérea de ese país el 12 de noviembre. 

Ante la crisis política Janine Añez Chávez, conforma un “gobierno de transición”, con el objetivo principal de llamar a nuevas elecciones generales, pero el actual partido de gobierno en un cambio de actitud, decide postular a las elecciones presidenciales contraviniendo la promesa que hizo con el pueblo de Bolivia.  Esta errónea decisión y la continuidad del funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional generan una nueva crisis política ya que permite que el MAS, resurja nuevamente como partido y se constituya en la principal oposición del gobierno.

En esta nueva coyuntura política el actual gobierno deja de tener legitimidad y legalidad, legitimidad porque no asume el compromiso contraído de ser un “gobierno de transición” y legalidad porque no fue elegido por sufragio universal como establece la CPE en el artículo 167, entonces el gobierno llegaría a considerarse como un gobierno del “azar”, ya que, en un sistema político, un gobierno podría considerarse como democrático, monárquico o dictatorial.

En cuanto a la investigación de los actos de corrupción del gobierno del MAS, partido político que nos gobernó durante 14 años referente a la administración del Fondo de Desarrollo Indígena; ENTEL; YPFB; BOA; Fábrica de papel en el Chapare; Fabrica de Azúcar en San Buena Ventura; Barcazas Chinas; Construcción de Carreteras; Aeropuerto de Chimoré; Villa Olímpica en Cochabamba; Contratos para el diseño y construcción de represas; Planta nuclear en El Alto; Emisión de los juegos Panamericanos en directo por el Canal estatal  desde Perú; Emisión de partidos  de fulbito en vivo donde participaba Morales; Contratos de propaganda política a través del Ministerio de Comunicación a medios de comunicación oral, televisa y escrita; Adjudicación a la “Empresa Neurona” para spots políticos de publicidad; Tráfico de influencias en el Órgano Judicial; Vulneración de los DD.HH con procesos sumarios; Participación en actos terroristas de Álvaro y Raúl y García Linera; Adjudicación de contratos directos a través del Ministerio de Presidencia; Caso Odebrecht; Javalato;  Camargo Correa; OAS; Concesiones mineras a empresas chinas; Operaciones de explotación de plata y zinc de la Empresa San Cristóbal; Planta de Amoniaco y Urea en Bulo Bulo; Planta extractora de Líquidos en la Provincia Gran Chaco; Contratos de la venta de gas a la Argentina y el Brasil; Deforestación de la madera, Concesiones y explotación de oro en los ríos de Pando y Beni; Hotel las Américas;  Destino de bienes y dinero incautados al narcotráfico y muchos otros no fueron aclarados hasta ahora. 

Ante todos estos hechos de corrupción, transgresión a la CPE, y fraude en las elecciones generales del 2019, el Movimiento al Socialismo debería haber prescrito como partido político y haber perdido la personería jurídica. Morales y Linera también deberían haber sido inhabilitados políticamente de por vida, pero el pacto por la democracia entre el gobierno actual y el MAS evitó que se puedan tomar acciones y sancionarlas de acuerdo a la ley, nuevamente el actual gobierno no se ajustó a la altura de la responsabilidad y expectativa ciudadana.

En el periodo del actual gobierno, se presentaron varios actos de corrupción en la administración estatal como el generado en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), con finiquitos elevados al personal administrativo y fuga a los EE.UU., de Elio Montes Gerente General de La Empresa; En Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por la asignación elevada del presupuesto de alimentación diaria por empleado que ascendía a 416 Bs; Contratos de seguridad del personal; Contratos por la compra de combustibles en precios elevados, Contratos con empresas particulares para la venta de gas al Brasil, siendo destituido Herland Soliz, Presidente de YPFB, pero hasta ahora los casos de corrupción denunciados tampoco son aclarados.

Durante la emergencia sanitaria por el COVID- 19, el golpe más sensible y certero, fue la importación directa de 170 respiradores procedentes de España a un precio de 29.000 dólares la unidad, ascendiendo a un monto de 5 millones de dólares financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El costo de cada respirador en el mercado internacional oscila entre los 6.000 a 9.000 euros. Los respiradores que fueron adquiridos no pueden ser utilizados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), por lo que las autoridades del gobierno y para salir del paso lo consideraron como de “emergencia” para trasladar pacientes, demostrando de esta manera desorganización y falta de coordinación con el Ministerio de Salud y la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, quedan por recibir 500 respiradores más pero el gobierno no dió mayores detalles respecto a su fabricación y uso.

Desde el inicio de la cuarentena total decretada por el gobierno mediante Decreto Supremo No 4199 del 21 de Marzo del 2020, para evitar el contagio y propagación del coronavirus (COVID-19), el gobierno no elaboró un “Plan General contra el COVID-19”, el cual podía haber dado los lineamientos generales para implementar hospitales de 3er. Nivel con equipos sanitarios y personal adecuado. Hasta la fecha no se cuenta con laboratorios para análisis del COVID-19 en cada departamento, el Ministro de Salud fue reemplazo y el Servicio Departamental de Salud (SEDES), intervenido por el gobierno quedando bajo su responsabilidad, generando otra crisis sanitaria a nivel nacional, que lejos de cumplir con los tiempos de cuarentena decretados por el gobierno, los amplia en forma irresponsable. Ante la falta de políticas públicas adecuadas por parte del gobierno, el manejo de la crisis sanitaria pasó a depender de los municipios y en coordinación con el SEDES Departamental decretan cuarentenas dinámicas de Alto Riesgo; Media y Moderada, que hasta la fecha no dieron resultados adecuados, además que no se sabe cuales son las variables que consideran para aplicar dicha cuarentena, teniendo en cuenta que la cantidad de personas contagiadas se incrementan en forma acelerada.

A la fecha (22/05/2020), Bolivia cuenta con 5.187 contagiados por el COVID-19, de los cuales 561 se recuperaron y 215 fallecieron. En el departamento de Santa Cruz se concentra la mayor cantidad de casos con 3.414 confirmados y 117 muertes, en la estadística ascendente de infectados, la presión social para reiniciar actividades se acentúa en forma acelerada con marchas y protestas, exigiendo al mismo tiempo que se lleven a cabo las elecciones generales, se vive en una cuarentena a medias donde el gobierno perdió el control y dirección de la misma.

La crisis política, económica y social que vive Bolivia por la falta de un gobierno legalmente constituido, el COVID-19, los actos de corrupción y paralización del aparato productivo, genera un clima de inestabilidad permanente que pone en riesgo la seguridad interna del Estado, la cual pude acentuarse de manera vertiginosa por las demandas sociales que se incrementan en forma diaria.

Con un alto porcentaje de contagiados y los conflictos sociales que nuevamente emergen, el gobierno tendrá que fortalecer el sistema de salud y proceder con la flexibilización de la cuarentena, así como definir la fecha para las futuras elecciones generales.

En esta coyuntura el “gobierno de transición”, tampoco puede llevar adelante políticas económicas de gobierno ni de Estado, como la producción y comercialización de la agroindustria con transgénicos por que la CPE., en el Art. 408 lo prohíbe. Para llevar adelante este plan será necesario derogar el Art. 408 a través de un referéndum.  

Ante esta incertidumbre y errores en la conducción del Estado sería conveniente retornar a la agenda de Noviembre del 2019 y continuar con el “gobierno de transición”, para llevar adelante las elecciones generales con las agrupaciones políticas habilitadas de acuerdo a ley.