Tras la firma del mencionado decreto que facilita el uso de transgénicos, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado; CIPCA, organizó el webinar con el nombre “Pueblos indígenas de tierras bajas y modelo agroindustrial ¿Es posible una coexistencia?”, que se desarrolló el 20 de mayo pasado y en el que tres expertos analizaron el tema y coincidieron en afirmar que no es posible una coexistencia indígena con el agronegocio.

Tres expertos advirtieron que, paulatinamente, los habitantes de las tierras bajas de Bolivia están dejando ingresar al agronegocio, agobiados por muchos problemas y que hasta ahora solo el territorio, como tal, es un freno parcial para este tipo de explotación. 

El conversatorio tuvo como marco las movilizaciones y manifestaciones virtuales en contra de los transgénicos y el modelo productivo agroindustrial donde la semillas modificadas genéticamente están inmersas.

En el país, el 18 de mayo, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) firmaron su conformidad con la aprobación hecha por el Gobierno.

El encuentro virtual fue organizado por el CIPCA  tuvo la participación del argentino Leonardo Tamburini, especialista en temas ambientales; Mercedes Nostas, antropóloga y directora del Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno; y Ana Rosa Angulo, directora de ICCO Cooperación, organización internacional holandesa de cooperación para el desarrollo.  

ATAQUES El encuentro de los especialistas concluyó señalando que cada vez se profundizan las dificultades en los territorios en cuanto al avasallamiento del modelo productivo agroindustrial; por tanto la coexistencia con los modos de vida de los indígenas es cada vez más remota.

Tamburini, abogado, activista ambiental e investigador argentino especializado en temas indígenas, que vive desde hace más de 20 años en Bolivia, explicó: “Los compañeros (indígenas) paulatinamente han dejado ingresar a ese tipo de producción en casi todos los territorios de pueblos de tierras bajas. El territorio indígena ha sido un freno para que se consolide este tipo de explotación, por ahora los pueblos indígenas siguen controlando sus propios espacios y son una valla para el avance”.

Desde esta perspectiva, los cambios pasan por cambiar el modelo productivo y también por la intervención del Estado en cuanto al marco normativo que rige las actividades que se van realizando en el territorio.

De igual manera señalaron que es importante que las organizaciones indígenas sean protagonistas de un cambio de sus territorios a partir retomar su agenda reivindicativa.

Durante el encuentro virtual, Ana Rosa Angulo y Tamburini compartieron imágenes que demuestran que se está jugando la vida en los territorios indígenas y que con el avasallamiento afectará su reproducción social en el tiempo.

Los territorios son presionados y amenazados para la extracción de recursos naturales lo que conlleva al despojo de las poblaciones indígenas de los recursos que garantice la reproducción de sus comunidades.

“Las presiones en los territorios son cada vez más numerosas, por tanto para abordar la problemática es importante generar propuestas y decisiones de los propios indígenas”, dijo Sheyla Martínez, directora del CIPCA Santa Cruz.

Bolivia es uno de los cuatro países que alberga la población más grande de indígenas en Latinoamérica. Son 36 los pueblos indígenas que coexisten, los pueblos indígenas de las tierras altas son dos: aimaras y quechuas, quienes constituyen alrededor del 60% de la población total del país y se encuentran en la región andina boliviana. Los pueblos indígenas de tierras bajas son 34: guaraníes, chiquitanos, moxeños, guarayos, movimas, chimanes, itonamas, tacanas, reyesano, yuracaré, joaquinianos y weenhayek, cavineños, mosetén, loretano, ayoreos, cayubaba, chácobo, baure, canichana y esse-ejja, sirionó, yaminahuas, machineri, yuki, moré, araona, tapiete, guarasugwe, huaracaje, pacahuara, maropa y leco, quienes representan menos del 10% de la población nacional y se encuentran fundamentalmente en los departamentos de Beni, Santa Cruz y Pando, según el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, CEJIS.

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) es un ente matriz que aglutina a 34 pueblos indígenas de tierras bajas y que en julio de 2012 quedó dividida al elegir a Melva Hurtado como presidenta, desconociendo a Adolfo Chávez.

Chávez, ahora dirigente de la Coordinador Indígena de la Cuenca Amazónica (Coica), respondió que no aceptarán “el nuevo atentado” y exigió la abrogación del decreto  4232, que autoriza la utilización de semillas genéticamente modificada (OGM) en los cultivos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya.

Los participantes del taller virtual analizaron la dimensión económica, social, y política.

SITUACIÓN ECONÓMICA La agrónoma Ana Rosa Angulo se refirió a la dimensión económica de los pueblos indígenas y su relación con la agroindustria. Dijo que la gente externa imagina a una Bolivia donde se respeta la diversidad, la pluralidad y su realidad cultural, pero los indígenas realizan no solo alianzas con otros sectores populares, sino con privados, estos últimos les hacen pensar que son relacionados como prosperidad. “Si se ligan al agronegocio van a ser prósperos”.

Angulo aseguró que: “El gran problema en Bolivia es que organismos de regularización y distribución de tierras siguen manejados por criterios políticos y sin credibilidad social”.

Agregó que hay una distribución desordenada de la tierra, consolidación de fraudes agrarios, políticas de desarrollo rural hacia las comunidades con visión campesina contraria a la realidad de los pueblos indígenas.  

“El agronegocio es considerado como un conjunto de operaciones ejecutadas para transformarse y generar bienes y servicios en la realidad. Tenemos un modelo de agroindustria que es el conjunto de actividades empresariales que se llevan a cabo desde la granja hasta la mesa. Abarcan el suministro de insumos agrícolas, la producción y transformación de los productos agrícolas y su distribución a los consumidores finales. Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en 1990 y a fines de 1990 hay una nueva realidad que es más presente en Bolivia”.

LO SOCIAL Mercedes Nostas abordó el problema sociocultural de las naciones indígenas de tierras bajas de Bolivia. Trabajó dos conceptos esenciales: la noción de territorio y la noción de modos de vida de pueblos indígenas.

Señaló que existe una interacción, una interdependencia en los ámbitos sociales, políticos económicos de la vida cotidiana de los indígenas.

Nostas dijo que los indígenas están conscientes que existen transformaciones a su alrededor.

Explicó que una investigación de la Fundación Natura se refirió al estado del sector privado señalando que algunas empresas transnacionales ya están en la producción para la semilla transgénica.

Señaló que según censo de 2013 no había más que 500 hectáreas para ellos, pero ahora hay cerca de 5.000 en comunidades indígenas cercanas a Villamontes (Tarija) asociadas con campesinos. “El otro elemento encontrado en la investigación es que hay un asentamiento de menonitas con un una producción intensiva. Algunas conclusiones con respecto del pueblo guaraní es que existen grupos societarios extranjeros que están adquiriendo tierras, así también nacionales, que se autodenominan comunidades para adquirir tierras de mayor superficie”.

Esas relaciones con actores no tradicionales de parte del pueblo guaraní (asentado en Santa Cruz) les han llevado a copiar prácticas agrícolas con uso de agroquímicos en los últimos 10 años. “Hasta hubo cambio en la alimentación. Los guaraníes han empezado a reemplazar el maíz y la comanda por pollo, papas fritas y los alimentos con azúcar blanca”.

También hay una práctica creciente de alquiler temporal de tierras para actividades agropecuarias que afectan a los sistemas tradicionales. “Cada veces hay mayor dependencia de los bosques que no son manejados como tradicionalmente lo manejaba el pueblo guaraní. Las organizaciones locales están debilitadas por intereses económicos y políticos. Los grupos más vulnerables son las mujeres y las familias que no están en los espacios de poder. Hay una creciente atracción de la población guaraní en zonas urbanas y el incremento de jornaleros que venden su fuerza de trabajo de manera temporal o permanente”.

LO POLÍTICO Tamburini, al referirse a la gobernanza en territorio indígena desde la perspectiva de comunidades indígenas y empresarios de agronegocio explicó que no es suficiente el marco normativo para establecer una convivencia entre actores tan diferentes y empoderados unos respecto de otros.

Señaló que en Charagua, los empresarios del agronegocio no tienen presencia física en los territorios y lugares objeto de explotación de los campos, tampoco en el caso la ganadería a escala ni empresas forestales.

“La coexistencia no es en término de personas, sino en relaciones económicas entre sectores. Los campesinos, interculturales indígenas viven en el territorio y cercanos a los lugares donde estas realaciones económicas se dan. La coexistencia pasa por la forma de producir de la gente”.