Un comunicado de esta instancia establece que el estudio “Protección de la Niñez y Adolescencia frente a crisis Covid-19: Elementos para la discusión”, que fue elaborado con base a información de la encuesta de hogares de 2018 levantada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), buscó identificar el impacto que tienen la emergencia sanitaria y sus restricciones en la movilidad de las personas sobre los hogares con niños, niñas y adolescentes, así como las ayudas económicas que el Gobierno ha dispuesto para mitigar estos impactos.

“Este informe analiza las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno y presenta información relevante sobre el marco de acciones recomendadas por Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y otros organismos internacionales, así como las medidas más importantes desarrolladas por países vecinos y de la región”, se señala en el documento que es la primera investigación realizada sobre la emergencia sanitaria por Covid-19 y las acciones gubernamentales tomadas para apoyar a las poblaciones vulnerables.

Por ello y dado que la emergencia continúa y los casos se incrementan en el país,  Unicef señala que esta coyuntura ha planteado la necesidad de fortalecer las políticas de protección social de mediano y largo plazo, que involucren una ampliación de su cobertura, para que ningún grupo quede atrás y en condiciones de alta vulnerabilidad.

Por tanto, Unicef sugiere reconsiderar la temporalidad de los bonos, “la magnitud de los efectos y la extensión y/o ciclicidad de la crisis sanitaria exige pensar en nuevas entregas de los bonos (…) únicamente el pago combinado de los tres beneficios (Bono Familia, Canasta Familiar y Bono Universal) logra que las pérdidas netas se aminoren sustancialmente”.

Esta investigación recomienda la revisión y eventual reformulación del Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy, la entrega del Subsidio de Alimentos e inclusive la adecuación del Sistema Único de Salud, “que no solo podrían contribuir a enfrentar la crisis, sino que permitirían proyectar un sistema de protección social con una mayor capacidad para proteger los derechos básicos de la niñez”, concluye.

“Unicef hace un llamado para seguir trabajando y generando análisis y evidencia que permita determinar el impacto tanto de las acciones de distanciamiento social como de las políticas de mitigación y contención que está disponiendo el Gobierno”. /ANF