El intento más violento para acallar la libertad de prensa fue desatado por el tirano Mariano Melgarejo (1864-1871), quien para silenciar los reclamos por los abusos, la soberbia y prepotencia de la satrapía recurrió a clausurar órganos de prensa e inclusive mandó fusilar a periodistas, como fue el caso de Cirilo Barragán, que acusó al gobierno de autócrata y dictatorial.

Ese intento para silenciar la voz de la opinión pública e imponer, por el contrario, las consignas del gobierno, solo es comparable al que desarrolló el gobierno de Evo Morales- Álvaro García Linera (2004-2019), que no vaciló en recurrir a los más burdos procedimientos para hacer posible que el pueblo esté desinformado y sometido al capricho de los gobernantes. Trató de que no existan medios de información, excepto los de tipo oficial que fueron jugosamente financiados por la autocracia y se mostraron carentes de dignidad e independencia.

El descompuesto régimen expulsado del poder hace seis meses no vaciló en acosar a los medios de comunicación democráticos, mediante sistemas fascistas, desde la aplicación directa de presión extrema a periodistas y órganos de prensa, bloquear su economía, utilizar la censura indirecta, ir matando paulatinamente a la prensa diaria con medidas de terror psicológico, política de asfixia económica, por citar solo algunos de esos métodos anarco-populistas.

La autocracia de Morales-García Linera recurrió también a vías solapadas para controlar y manejar el pensamiento del pueblo, como el procedimiento refinado y maquiavélico de hacer desaparecer los diarios, de tal forma que no se sepa la verdad y solo circulen versiones falsas para confundir a la ciudadanía.

Con esa política aplicada durante catorce años, el gobierno buscó asfixiar a los medios de comunicación impresos, cortándoles no solo los pequeños ingresos de origen en la magra o ninguna publicidad oficial, sino también los de origen privado. Se trataba de llevar a los diarios a la quiebra, precipitándolos a la autoclausura. Estaban a la orden del día amenazas veladas, sanciones económicas directas e indirectas, presiones impositivas, sanciones laborales y otras muchas, siempre con el fin de acallar a la prensa, para así encubrir errores y tapar casos de corrupción, pero, principalmente, para que los medios de comunicación desaparezcan.

Se debe agregar que esa campaña oficialista utilizaba el falso testimonio y hasta el chantaje, anunciando a diario que “respetaba” la libertad de prensa y la Constitución, lo que era desmentido por marchas de periodistas, protestas de los canillitas, reclamos diarios de organizaciones de prensa y, en especial, de los lectores.

La prueba de esas afirmaciones está en que para la publicidad oficial en el año electoral de 2019, el gobierno destinó a las radios oficialistas 213 millones de bolivianos, mientras a los periódicos no pasó de Bs.15 millones. Así mismo, la televisión oficialista fue beneficiada con publicidad por cerca de 240 millones de bolivianos y diez periódicos de Argentina recibieron Bs.15 millones el año pasado, según datos del Ministerio de Comunicación. ¡Para prueba basta un botón!