Medio: La Razón
Fecha de la publicación: miércoles 15 de noviembre de 2017
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones judiciales
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El jurista trabajó en la redacción de un código de ética judicial modelo para los 22 países de Iberoamérica entre 2005 y 2006, a partir de un mandato político de los gobiernos. Habló en esta entrevista sobre esta tarea, lo que en cierta medida cobra valor con miras a la reforma judicial de Bolivia.
— ¿Qué retos se plantearon a la hora de escribir el documento?
— La tarea judicial adquirió un mayor protagonismo, al punto de que si bien el siglo XIX fue del Poder Legislativo; el siglo XX fue para el Poder Ejecutivo, el siglo XXI pareciera ser el siglo de los jueces y de la justicia. Por eso es que cuando uno abre un diario en cualquier lugar, seguramente notará que un buen porcentaje de las noticias publicadas se generaron en los tribunales que ahora tienen más influencia en una sociedad que sabe que una buena parte de sus derechos no dependerán del presidente sino de un juez. Así, la mirada de la teoría política ahora centra su atención especial en el Poder Judicial para saber quiénes serán los jueces y cómo se forman.
— Pues ahí están las facultades de Derecho, las universidades...
— Creo que las facultades de Derecho, en términos generales, no sirven para formar jueces, porque un buen alumno lo logra con dos requisitos: el primero, mucha memoria, y el segundo, ninguna capacidad crítica, que no sirven para nada, pues uno puede ser autista y tener una medalla de oro en la Facultad de Derecho.
— ¿Y cómo se hizo juez?
— Como pude, estudiando los casos, argumentando, dialogando; aprendí a ponderar derechos humanos. Nadie me habló de esto. Éstos son aspectos sobre los que no existe materia en las facultades de Derecho. ¿Y cómo se aprende a ser periodista en temas judiciales? Escuchando, en base al esfuerzo particular.
— ¿Qué aspectos deben primar para la formación de jueces?
— En Argentina yo dirijo, en la Universidad Austral, el Departamento de Derecho Judicial, desde donde dictamos una maestría en pericia judicial. Ya estamos 15 años y hay 500 egresados. ¿Qué damos ahí? No damos códigos, por eso cualquier abogado de cualquier país puede estudiar allí. Entregamos a los estudiantes el aparato conceptual que necesita hoy un juez, las aptitudes que necesita un juez, los hábitos que un juez necesita adquirir y no lo que se llega a aprender solo de memoria.
— Entonces, ¿éstos son los requisitos para llegar a ser juez?
— Hemos desarrollado en la maestría al menos seis idoneidades. La primera es el conocimiento del derecho, pero conocer el derecho no es conocer la ley, pues no hay que olvidar que en el juicio de Núremberg se condenó a los jerarcas nazis por cumplir la ley y violar el derecho, los derechos humanos.
La segunda idoneidad es aplicativa, pues no se quiere que el profesional sepa decir el derecho en un expediente, sino que sepa argumentar, que sepa persuadir. Tercero, necesita idoneidad física, que sepa discutir, sentarse por horas sin que le suba la presión. La cuarta es la psicológica, inmunes a las tentaciones, pues los jueces estamos bajo mucha presión, hay que tener mucha valentía y nada oculto en el ropero. La quinta es una aptitud gerencial, pues los jueces tienen que administrar tiempo y recursos humanos. Tienen que ser líderes. Finalmente, la idoneidad ética, ser legitimado, tener la confianza ciudadana.
— ¿Y la independencia del poder político?, ¿cómo se logra eso?
— Hay que procurar que aquel que es elegido juez sea lo más confiable que hay para la sociedad, porque si a ese juez solo lo elige el partido gobernante, tiene menos legitimidad. Hay que buscar mecanismos que hablen de la confianza ciudadana y cada sociedad tiene que armar esto, la política no tiene que meterse con los jueces.
— ¿Y cómo está viendo, qué análisis tiene sobre la elección en Bolivia de los magistrados por el voto popular?
— No me animo a opinar sobre el proceso porque no lo conozco en detalle. Igual, yo diría que la clave (para elegir) es utilizar criterios objetivos, buscar gente confiable.
Este es un problema de las sociedades, por ejemplo los criterios de designación política se siguen utilizando para la designación de jueces federales en Estados Unidos y el sistema no despierta mayores resistencias, pero ese mismo sistema en nuestros países sí genera tensiones, pues aquí se mezcla mucho el tema de la fortaleza de las instituciones con los aspectos de orden cultural.
Pero el tema principal es la exigencia de la sociedad para que se le respeten sus derechos y éstos dependerán, en última instancia, de lo que diga un juez, uno con valentía, agallas, dispuesto a enfrentarse.
— Pero debe haber protección...
— Las dos claves constitucionales para esto son la estabilidad, pues duramos mientras dura nuestra buena conducta, y la buena remu-neración, no tenemos que andar mendigando que nos aumenten el salario.
— ¿Cuál es la evaluación sobre este proceso de reformas constantes de los códigos y leyes?
— En occidente hay dos grandes culturas jurídicas: la anglosajona y la continental europea que nació en la Revolución francesa, que confía en que la mejor sociedad nacerá de la ley (el límite de la libertad es la ley). En el mundo anglosajón no se confió en la ley ni en el derecho, se confió más en la moral, y lo cierto es que si se le da la mejor institución a un corrupto, terminará corrompida; si se le da la peor institución a un tipo honesto, esa institución funcionará.
Y en América Latina confiamos en la ley y la verdad: Hecha la ley, hecha la trampa, y es que el haber optado solo por la ley y el derecho, desligándola de los valores, la ética y la moral fue un error. Que un abogado mienta a un juez, en Estados Unidos le puede costar su matrícula, y en nuestros países una mentirita no se le niega a nadie.
Bien. Nosotros seguimos creyendo que las soluciones van a venir por las leyes, por los códigos; de hecho, si le das la mejor ley a un juez corrupto, le va a encontrar la vuelta; ahora si le das una normativa mala a un juez responsable, seguramente le va a dar la vuelta y la hará funcionar adecuadamente.
Veto al aborto, acompañado por el Estado
Ética judicial e interpretación jurídica han sido los ejes temáticos que el profesor Rodolfo Vigo expuso durante el seminario internacional Dignidad de la persona, niñez e inclusión social que organizó en La Paz la Universidad Católica San Pablo a mediados de octubre.
Allí también se debatió sobre la problemática del aborto, penalizado en Bolivia, aunque existen causales que lo legalizan y que podrían ser ampliadas a merced del nuevo Código del Sistema Penal que se trata actualmente en el Legislativo.
Sin entrar en los detalles de la legislación del país, Vigo cree que éste es un tema que debe ser analizado desde “la razón”, algo que permite plantear la vigencia de los derechos humanos y la dignidad a partir del valor de la vida. “Esto es algo innegociable”, aseguró el reconocido jurista.En ese marco, advirtió que no solo basta prohibir la interrupción del embarazo, sino que se deben aplicar políticas públicas desde el Estado.
“El Estado, antes que se dé el aborto, tiene que adoptar políticas públicas, hay que dar educación, hay que dar protección, hay que darle cobertura. No es que ‘te prohíbo el aborto y me lavo las manos’”, opinó.
La Cámara de Diputados aprobó en septiembre el artículo 153 del nuevo Código del Sistema Penal. El apartado despenaliza el aborto cuando el embarazo sea fruto de una violación, además cuando las mujeres sean estudiantes o tengan niños, adultos mayores o discapacitados a su cargo. La norma obliga también a los servicios públicos de salud a proveer de esta intervención sanitaria a las mujeres que los soliciten y cumplan los requisitos ya explicados, sin poder “alegar objeción de conciencia”.
Vigo insistió en que las cuestiones inherentes a la vida son innegociables, porque tienen que ver con la dignidad.
Rodolfo Vigo es abogado y politólogo; profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. A mediados del pasado mes estuvo en La Paz para participar del congreso internacional Dignidad de la persona, niñez e inclusión social que organizó la Universidad Católica Boliviana. El jurista es especialista en ética.
Pérfil:
Nació: En la ciudad argentina de Santa Fe el 26 de marzo de 1946. Profesión: Abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y licenciado en Ciencias Políticas. Ocupación: Docente emérito
Fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe durante 19 años desde donde se especializó en la interpretación constitucional a partir de valores éticos y morales.