“Preocupados solicitamos urgentemente al Ministerio de Minería que paralice los trabajos ilegales de explotación de oro que está en pleno funcionamiento en la Comunidad indígena de Santa Rosa de Carura, Norte de La Paz (…)”, detalla textual el documento.

Esa actividad dice la nota, se hizo sin “consulta libre, previa e informada a los habitantes del área. Asimismo exigimos la reposición de todos los daños ocasionados por la empresa china intentando hacer creer que nunca existió la comunidad, destruyendo la cancha, la escuela, la capilla, el sistema de agua, caminos de acceso y viviendas”.

Se citan cinco factores que determinan la ilegalidad de las operaciones de las cooperativas mineras en el norte paceño como: no tener contrato con la AJAM, emplear mano de obra foranea para hacer el trabajo minero, no tener licencia ambiental, asociarse con empresas para efectuar las operaciones mineras y no pagar al Estado lo que corresponde.

En esta carta pública dirigida a la presidenta Jeanine Añez, este sector exige que el Gobierno parar estas operaciones y priorizar la atención a los pueblos indígenas, “nuestros hermanos están muriendo cada día abandonado a su suerte sin ninguna atención médica y ahora también permite que extranjeros exploten nuestro recursos naturales y se los regale a diestra y siniestra”.

Ya desde hace unas semanas, diferentes medios alertaron de que pese a la emergencia sanitaria y cuarentena que rige en el país, las actividades mineras ilegales no pararon.