En los últimos días, muchas voces expresaron su preocupación por el tema de la distribución de escaños y el voto ponderado del que se beneficia la población que habita en el área rural con relación a un mayor porcentaje de personas que viven en el área urbana en cuanto a la elección de sus representantes en la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Según algunas posiciones, la actual distribución de la Cámara Baja muestra que el voto del área rural tiene la potestad de elegir al 70 % del legislativo mientras que el restante 70 de votos de habitantes del área urbana solo puede elegir al 30 % de los legisladores. Esta comparación puede ser no tan exacta pero la diferencia en cuanto a la ponderación existe.

El Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), en días pasados, emitió un comunicado en el que advierte sobre la peligrosidad que representa llevar adelante las futuras elecciones con esta normativa vigente que atenta contra la igualdad del voto de cada boliviano, incurriendo incluso en el campo de la discriminación.

Parte de esta nota indica que es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional el dejar sin efecto la Ley 421 de 2013 que dispone una distribución desproporcional de los escaños en la cámara de diputados, favoreciendo a voto del área rural por sobre los votantes que habitan en las ciudades.

Para el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) de Bolivia, Waldo Albarracín, el problema es que la voluntad del pueblo votante no se exprese con cabalidad en los resultados finales y por consecuencia en la designación de sus representantes en la asamblea legislativa.

“La votación que emerge de las urnas debe ser el fiel reflejo de la voluntad soberana de un pueblo y cuando esa votación en el computo adopta un conjunto de parámetros que pueden estar sobre dimensionando ese voto en desmedro de otros ya sea campo ciudad o de otros factores, se está incursionando en una distorsión”, manifestó.

Dijo que este es el principal riesgo en las futuras elecciones. Que la distorsión de la voluntad popular prevalezca, aunque también sostiene que este es un debate que aún no se ha agotado porque existen dos posiciones al respecto.

Similar criterio expresó el diputado por Unidad Demócrata (UD) Tomás Monasterio, quien considera que en la actualidad existe una notoria intencionalidad en llevar adelante los comicios presidenciales bajo estas reglas por parte del Movimiento al Socialismo, partido que manipuló a su antojo al TSE en años pasados, indicó.

Monasterio planteó que esta debería ser la labor que realice en adelante el Órgano Electoral, dado que ya tenemos un proceso electoral paralizado hasta que la emergencia sanitaria lo permita.

“Creo que es muy importante, primero que se pueda llevar adelante una depuración estructural del Padrón Electoral y segundo un saneamiento de este mismo, llevar adelante un mecanismo para que sea equitativo el procedimiento de selección y elección de autoridades. Será cambiar las circunscripciones, será el poder redibujar el mapeo de la territorialidad de estas. Tendría que encontrarse un mecanismo para que se pueda viabilizar este tema”, expresó el parlamentario.

Al respecto, también señaló que en su caso ha sido designado como diputado plurinacional mediante el voto popular en dos ocasiones, contando con un alto apoyo en su circunscripción, llegando a constituirse en el parlamentario que obtuvo mayor votación en su momento; sin embargo, esta realidad contrasta con otros miembros de la cámara baja que accedieron al legislativo, habiendo obtenido menos de la mitad de votos para ello.

Acciones en contra de la Ley 421 ya fueron interpuestas semanas atrás por la senadora por Unidad Demócrata (UD) Carmen Eva Gonzales, quien en su momento expresaba que esta normativa va en contra de las

“Esta es una ley discriminatoria porque rompe los principios de proporcionalidad y de igualdad que tenemos que tener todos los bolivianos en el ejercicio d la representación democrática. Actualmente, el voto de un boliviano en el área rural vale casi tres veces más que de uno que vive en la ciudad. No es posible que el 70 % de la distribución de los diputados uninominales correspondan al área rural y tan solo el 30 % al área urbana” indicaba Gonzales mediante su abogado, a tiempo de anunciar la presentación de una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

“El 2013 entró en vigencia esta ley, y como el MAS tenía el poder en el sistema judicial, no se podía hacer nada; ahora pedimos a los magistrados que obren conforme a derecho”, expresó el abogado Luis Ayllon, en representación de la senadora representante de Pando en el Legislativo.

También existen voces que desvirtúan estas afirmaciones, como el analista político Carlos Cordero, para quien la normativa que designa los escaños y sus proporciones, datan de antes del Movimiento al Socialismo. Afirmó que estas reformas vienen desde la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada y que las actuales acciones en contra de esta normativa responden a sectores políticos que en realidad lo que buscan es la postergación indefinida de las elecciones generales.