Los 170 respiradores marca Respira fueron adquiridos por el Ministerio de Salud a través de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) por un costo total de 4,7 millones de dólares, financiados por un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los equipos fabricados por la española GPA Innova, con sede en Barcelona, tenían un precio unitario de 8.752 dólares en fábrica, pero se vendieron en 27.683 dólares la unidad a través de la intermediaria española IME Consulting y otra empresa boliviana de la que no se conoce su nombre. Según la Fiscalía, habría un sobreprecio de hasta 3 millones de dólares.

El Ministerio Público ordenó la aprehensión del jefe de adquisiciones del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, y del director de la Aisem, Geovanni Pacheco, quienes según los datos fueron responsables del proceso de adquisición.

Navajas acudió a la Fiscalía voluntariamente para prestar declaración, pero la autoridad jurisdiccional determinó su aprehensión debido a que se encontraron elementos que lo vinculan al caso.

El fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, explicó que Navajas fue imputado por siete delitos: malversación, uso indebido de influencias, uso indebido de bienes, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Aseveró que su implicación se da porque Navajas era la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Ministerio de Salud y que la Ley Marcelo Quiroga indica que “las MAE de todas las entidades son la responsables de conocer lo que sucede, no se puede señalar o decir que no sabía que estaba firmando”.

Ayer, otros dos funcionarios también fueron arrestados por estar presuntamente involucrados en la compra de los respiradores.

Se informó que Valenzuela, Pacheco, A. E. y G. P. fueron imputados por la comisión de seis delitos: uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y malversación.

La Fiscalía pidió detención preventiva para Navajas y otros tres funcionarios y solicitó medidas sustitutivas para A. E., quien tendría una participación atenuada y sería madre de un bebé de 10 meses.

“Los indicios que se han encontrado (contra Navajas) son las declaraciones de los ahora imputados, donde han establecido que él es el que daba las órdenes de ciertos actos a realizar”, indicó el fiscal Cossío.

Se prevé que hoy se realicen las audiencias de todos los implicados.

Rosario Canedo, abogada del exministro Navajas, lamentó la aprehensión de su defendido y aseguró que se vulneraron todos sus derechos.

“Es una terrible violación de derechos. ¿Esto un Estado de derecho? ¿Se dice que es un Gobierno democrático? No se ha tenido respeto a absolutamente a nada”, indicó.

Según la jurista, Navajas ya fue presentado como el culpable sin que se haya desarrollado un juicio.

Canedo denunció que Navajas es víctima de maltrato psicológico y moral y que se prepara una “acción directa” para justificar la aprehensión de la exautoridad.

La abogada ofreció una conferencia de prensa para denunciar “ante el Estado y ante la comunidad internacional” que los derechos fundamentales de su defendido no son respetados, y aseveró que “lo que está pasando” con el exministro es una falacia, y “hay una violación y supresión flagrante de sus derechos y garantías constitucionales y humanos”.

A raíz del hecho, la Fiscalía General del Estado conformó una comisión de fiscales para que se encarguen de la investigación.

Asimismo, la Procuraduría de Bolivia inició una investigación independiente.

El procurador, José María Cabrera, señaló que, en el marco de la investigación, se pidieron los contratos y toda la documentación del proceso de contratación y pago del equipo al Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores y dirección de la Aisem.

42 días en el Ministerio. Marcelo Navajas fue posesionado el 8 de abril en reemplazo de Aníbal Cruz, quien dejó el cargo por “motivos personales”.

CRUZ Y MOSTAJO SERÁN CONVOCADOS

La Fiscalía convocará en los próximos días a por lo menos 10 personas para que presenten sus declaraciones sobre el caso respiradores. Entre los convocados estarán el exministro de Salud Aníbal Cruz; el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo; el cónsul de Bolivia en Barcelona, David Pareja Lozada, entre otros, informó el fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, que no descartó convocar incluso a la canciller, Karen Longaric.

BID RESPONSABILIZA A AGENCIA EJECUTORA

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció ayer que, ante las “señales de posibles irregularidades” en el proceso de adquisición de los 170 equipos Respira, decidió revisar el caso y remitirlo a su Oficina de Integridad Institucional.

“Ni bien surgieron señales de posibles irregularidades en el proceso, la alta gerencia del Banco decidió revisar el caso, que a su vez fue remitido a su Oficina de Integridad Institucional, la cual lleva a cabo investigaciones y recomienda sanciones públicas a empresas e individuos que cometen prácticas prohibidas en licitaciones financiadas por el Banco”, cita la nota publicada ayer.

La entidad mostró su preocupación por las presuntas irregularidades y señaló que la licitación de los respiradores se realizó en el marco del apoyo que se le está dando al país para la emergencia por ls Covid-19. Sin embargo, en un comunicado, el Ministerio de Salud informó que la compra se hizo por invitación.

ÁÑEZ APARTA A NAVAJAS Y SUSPENDE PAGO FALTANTE

El Gobierno central definió que Marcelo Navajas sea “apartado” de su cargo como ministro de Salud, al estar investigado por las irregularidades en la compra de los 170 respiradores, según informó la ministra de Comunicación, Isabel Fernández.

Asimismo, los cuatro funcionarios involucrados también fueron destituidos.

“La presidenta (Jeanine Áñez) ha decidido apartar al ministro de Salud, Marcelo Navajas, y de esta forma se pretende evitar cualquier interferencia en el trabajo de la justicia o el entorpecimiento de las pesquisas. De manera interina asumirá la doctora Eidy Roca, actual viceministra de Salud”, señaló Fernández. La autoridad detalló que los compromisos que asumió Áñez sobre el caso son: recuperar el dinero que se hubiese robado, impulsar el peso de la ley contra los que hayan cometido actos de corrupción y seguir equipando hospitales con transparencia.

A través de su cuenta de Twitter, Áñez informó que el Gobierno pagó 2.028.780 de dólares de los 4.773.600 que cuestan los 170 respiradores, cuestionados por su utilidad y las irregularidades en su adquisición. “He ordenado que no se pague un centavo más”, añadió en la publicación. También escribió que “he instruido una auditoría a todas las compras que se han hecho en salud en toda mi gestión y desde la creación de Aisem.

Voy a presentar ese detalle a las familias bolivianas”.