Desde hace unas tres décadas existe una ley específica que fija la jurisdicción territorial de la ciudad de La Paz. Sin embargo, por descuido o por alguna mala práctica no se anexó el croquis o diseño de los alcances de la urbe, como parte de esa ley. Este hecho ha servido de pretexto a los municipios vecinos para alegar incompatibilidad legal (Palca, Achocalla, Mecapaca, etc.). Recordemos que antes de la Participación Popular o nueva coparticipación tributaria de los años 90 en función del número de habitantes por provincia, si bien los límites no estaban definidos, prevalecía una convivencia pacífica. Esa reforma despertó el interés de las provincias por abarcar el mayor espacio y por ende una mayor población con el objetivo de mejorar sus ingresos.

La excesiva abundancia legislativa ha aportado dos nuevas leyes en la materia. La de Unidades Político Administrativas del año 2000 y la de Delimitación Territorial del 2013, ésta no abrogó la anterior. Es otro motivo de embrollo y desencuentro. Entre La Paz y Palca sus ámbitos territoriales se mantienen sin solución. Estos municipios se han aferrado a la ley de 2013. Ésta otorga a las gobernaciones el examen y decisión de dichas situaciones. El gobernador del departamento, Félix Patzi, previo análisis, fijó la delimitación entre La Paz y Palca. Su resolución fue apelada por ambas partes y fueron elevados los antecedentes al Viceministerio de Autonomías, según la Ley 2.150, como autoridad de segunda instancia.

Las apelaciones datan de 2017, sin que el viceministerio dependiente del Ministerio de la Presidencia se hubiese pronunciado hasta el momento, esto es, durante tres años. La falta de delimitación contribuye eficientemente a construcciones clandestinas, al ilícito comercio de tierras y a la aprobación de planos de construcción sin cumplir normas básicas, ante alcaldías que no son precisamente las correspondientes en derecho. Este extremo sustrae importantes recursos a la ciudad de La Paz. Además los hechos indicados, entre otros males, están ocasionando deslizamientos y derrumbes de casas por el “loteamiento” indiscriminado. El actual Viceministerio de Autonomía haría un enorme bien a los municipios concernidos resolviendo el impasse limítrofe aludido y sería parte importante de la política institucional y reconstructiva del Gobierno transitorio.