Navajas entró al Gobierno el 8 de abril, tras la renuncia de Aníbal Cruz, quien “por razones personales” se alejó de esa repartición estatal cuando comenzaron a incrementarse los casos de muertos y contagiados por el coronavirus. 

Se sabía que Bolivia no tenía el equipamiento necesario para enfrentar la pandemia, por lo que era una necesidad urgente comprar respiradores para equipar las Unidades de Terapia Intensiva. De hecho, ahora se conoce que el exministro, el 8 de mayo, firmó dos notas para que se agilice esa adquisición; la decisión hubiera sido acertada si es que no habría estado dirigida para que se cometa un presunto hecho de corrupción.

El 14 de mayo, los equipos llegaron e inmediatamente salieron a luz una serie de observaciones técnicas, posteriormente, se conoció que la empresa española GPA Innova vendió cada respirador en un precio base de 10.312 dólares, incluyendo los accesorios, pero el Gobierno pagó, nada más y nada menos, la elevada suma de  27.683 dólares por unidad. En la transacción participaron al menos dos intermediarios, aspecto que también llamó la atención, porque dada la emergencia y considerando que hay muchas necesidades que atender para enfrentar al mortal virus, se deberían optimizar los recursos económicos.

El martes, cuando salía más información que apuntaba a un negociado, la Presidenta reconoció que se enteró de lo que estaba pasando por las redes y los medios de comunicación. Luego, dio un mensaje al país comprometiéndose a investigar el hecho y procesar a los culpables. En la noche, cinco funcionarios fueron aprehendidos, quienes, según el Gobierno, estarían directamente involucrados en el caso. Sin embargo, creemos que en este caso hay más personas y que las autoridades deben dar con ellas, si es que de verdad pretenden castigar a los corruptos.

Como no podía ser de otra manera, la presunta compra irregular de los equipos ha provocado duros comentarios en contra del actual Gobierno. Políticos de todos los colores, parlamentarios y ciudadanos de a pie indicaron estar indignados por lo sucedido, ya que esos funcionarios públicos se habrían aprovechado de la difícil situación que está pasando el pueblo y la urgencia que se tiene para adquirir esos equipos, que son vitales para salvar la vida de las personas que están contagiadas.

La Fiscalía General del Estado formó una comisión de fiscales para que lleve adelante la investigación de los presuntos implicados, cuya lista de aprehendidos encabeza el exministro. Asimismo, parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), que no dejaron de aprovechar la oportunidad, presentaron una denuncia penal contra Navajas.

¿Dónde quedó el discurso de la lucha contra la corrupción? ¿Quiénes dejaron que se consolide el negociado? Ahora, cuando ya no hay forma de tapar los hechos, se habla de sanciones ejemplarizadoras, de identificar a todos los que están comprometidos con la compra irregular y de hacerles devolver hasta el último centavo. Pero, lo cierto es que en poco más de seis meses ya son varios los casos de corrupción; los más “sonados” son los de ENTEL, donde el gerente autorizó el pago ilegal de beneficios sociales a algunos trabajadores, y YPFB, donde se compraron seguros con sobreprecio, pero, hasta ahora, no se vio que los presuntos responsables estén siendo procesados.

Cabe mencionar que la crisis provocada por el coronavirus no solo está siendo aprovechada para cometer hechos de corrupción en Bolivia, en Colombia, por ejemplo, varias exautoridades están siendo procesadas por la compra irregular de sardinas que son entregadas a las familias vulnerables. En Ecuador, también hay exfuncionarios que están siendo enjuiciados por adquirir alimentos con sobreprecio, mientras que en Perú existen denuncias por comprar insumos para la Policía a precios elevados.